LEON WILLEMS
Project Syndicate
Han pasado más de ocho meses desde que Jamal Khashoggi, un prominente periodista saudí, crítico del gobierno de su propio país, que había estado viviendo en auto exilio, fue torturado, asesinado y descuartizado dentro del consulado saudita en Estambul. Como los sauditas se esforzaron por oscurecer la verdad, Turquía lanzó una investigación. Tal como se esperaba, no se ha averiguado mucho.
Turquía no es precisamente un defensor creíble de la libertad de prensa: en 2018, más de 80 periodistas en el país recibieron largas sentencias de prisión o sanciones por su trabajo. Pero aún si la indignación del gobierno turco por el asesinato de Khashoggi fue exagerada por un rédito diplomático, el sistema judicial de Turquía ha cumplido con sus obligaciones internacionales de investigar.
Arabia Saudita, en cambio, está desacatando por completo sus obligaciones en esta materia. Bajo presión internacional, el reino está llevando a cabo audiencias de 11 sospechosos. Pero, según Agnes Callamard, relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, estas audiencias secretas a puertas cerradas tienen más que ver con guardar las apariencias que con garantizar justicia. “No sabemos quiénes son inculpados como acusados, quiénes entre ellos enfrentan sentencias de muerte y cuáles son los cargos”, observó Callamard. Los gobiernos occidentales, continuó, “no deberían dar el visto bueno a un proceso judicial que ignora todos los estándares internacionales”. Al aceptar los resultados de procesos penales que carecen de transparencia y debido proceso, la comunidad internacional le fallaría a Khashoggi y dañaría seriamente el esfuerzo más amplio destinado a poner fin a la impunidad por crímenes contra periodistas. Desafortunadamente, este desenlace tiene precedentes.
En 1982, en el ápice de la guerra civil en El Salvador, el coronel Mario Reyes Mena ordenó a sus tropas armar una emboscada en las afueras de la ciudad de El Paraíso. Cuatro periodistas holandeses cayeron en la trampa y fueron ejecutados. El gobierno de El Salvador intentó ocultar la verdad, diciendo que los periodistas quedaron accidentalmente atrapados en un fuego cruzado entre el ejército y los rebeldes. El gobierno de Estados Unidos, que entrenaba, asesoraba y proveía al ejército salvadoreño, respaldó esta explicación, lo que llevó a manifestantes enfurecidos a protestar frente al Consulado General de EE.UU. en Ámsterdam.
Pero los colegas de las víctimas no se dieron por vencidos: su investigación reveló que los cuatro periodistas habían sido elegidos deliberadamente como blancos. Casi una década después, en 1993, la Comisión de la Verdad de la ONU confirmó esta opinión. Sin embargo, Reyes Mena, que hoy tiene 79 años, lleva una vida tranquila en un suburbio de Washington.