La semana pasada acaba de ser aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional el Informe No Vinculante elaborado por la Comisión Ocasional que investigó sobre la trama de corrupción en la que estarían vinculados familiares y colaboradores del presidente Guillermo Lasso.
De acuerdo al Art. 129 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional podrá enjuiciar políticamente al presidente por los siguientes casos: 1. Delitos contra la seguridad del Estado; 2. Delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; 3. Delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
Y aunque este informe ha generado muchas críticas hacia la Comisión Ocasional debido a que se hicieron una serie de cambios de último momento, finalmente quedó que el presidente habría incurrido en “delitos contra la seguridad del Estado y omisión en delitos contra la administración pública”.
El problema es que el procedimiento establecido en el Art. 129 para enjuiciar al presidente es hasta cierto punto muy escueto. Para iniciar el juicio político se requiere ahora del “dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional”. No es necesario que exista un enjuiciamiento penal previo, en el cual se haya demostrado el cometimiento de uno de los delitos anteriormente señalados.
Un caso parecido fue el del exvicepresidente Jorge Glas. La Corte Constitucional, en ese momento, su “dictamen de admisibilidad” fue favorable, aclarando que “no constituía un pronunciamiento sobre el fondo ni tampoco sobre la relevancia de las pruebas presentadas”.
En conclusión, hay que tomar en cuenta que estamos ante un juicio meramente político, en el cual hasta cierto punto van a prevalecer criterios subjetivos y van a pesar los votos.
Por este motivo, la suerte está echada. Lasso tiene los días contados pese a que para muchos no existan causas de fondo para destituirlo.
Un motivo más para repensar nuestro diseño institucional. La actual Constitución tiene una serie de errores y de vacíos que dificultan el buen funcionamiento de la democracia.