¡Irresponsables!
Mientras escribía un artículo explicando qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y cómo le sirvió a Rafael Correa para hacerse con el dominio de los principales organismos de control y fiscalización del Estado, con las consecuencias que todos conocemos, me enteré que el Consejo Nacional Electoral (CNE), a 4 días de las elecciones, no pudo ponerse de acuerdo en la forma de contabilizar los votos en el proceso, justamente, de elección de consejeros del Cpccs, decidiendo elevarlo a consulta al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Cambié de tema para hablar de irresponsables.
Se debe recordar que, en cumplimiento del Anexo a la Pregunta 3 de la Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, el 23 de abril de ese año se promulgó la “Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” que, entre otras cosas, determina el régimen de elecciones de consejeros del Cpccs.
Así, ésta ley estipuló que el CNE debía organizar el proceso electoral de consejeros del Cpccs reglamentando todos “los aspectos que sean necesarios para la ejecución del régimen electoral contenido en esta Ley, que incluirá entre otros aspectos, plazos, procedimientos y participación de los ecuatorianos en el exterior”, un régimen frente al que ni siquiera podía oponerse el Código de la Democracia.
De estas disposiciones se desprende que el CNE tenía todas las atribuciones para establecer el proceso legal a seguirse en estas elecciones, sin embargo, ni en el CNE transitorio ni en el definitivo, actualmente en funciones, pudieron ponerse de acuerdo para hacerlo adecuadamente, pese al tiempo transcurrido, generando incertidumbre.
Ahora, al ser una elección atípica, es comprensible que existieran ciertos aspectos que regular que pudieran escapárseles a los consejeros del CNE, pero luego del surgimiento de dudas en cuanto a al conteo de los votos, incluso con la posibilidad de que las elecciones pudieran anularse de darse ciertos resultados, era de suma importancia aclarar lo antes posible de qué forma se realizaría el conteo sin violar la Constitución y respetando la voluntad ciudadana.
A pesar de esa imperiosa necesidad y de haberse llegado a un acuerdo previo que determinaba que si cada persona tiene 7 votos válidos, también tiene 7 votos blancos o nulos, respetando la igualdad del voto y cumpliendo con la Constitución y la Ley, hubo consejeros que dieron marcha atrás, identificados claramente con sectores políticos que necesitan al Cpccs para sus protervos intereses, dejando en el limbo, a poquísimas horas de las elecciones, un aspecto fundamental de ellas, en una muestra gravísima de irresponsabilidad, de la que deberán responder por el caos y la zozobra que han ocasionado.
Columnista invitado
