Enrique Echeverría

Menos empleados

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Lunes 16 de abril 2018

La necesidad de ahorrar dinero del Estado en la actual crisis, está determinando que el Gobierno decida fusionar, en este mismo año 2018, nueve entes públicos: el Ministerio del Deporte con el de Educación; y el Ministerio de Minas y Electricidad será una sola con Hidrocarburos, con la novedad de que en este último ya no habrá Petroecuador por un lado y Petroamazonas, como antes –si no recordamos mal- cuando eran uno solo.

Igualmente liquidarán la Empresa Pública de Fármacos; la empresa Cementera Nacional; hasta el 2021 la fábrica de uniformes Fabrec; Ecuador Estratégico y la encargada del proyecto Ciudad del Conocimiento Yachay. Más todavía: Ferrocarriles del Ecuador y los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, se unirán para formar un nuevo ente: la Empresa de Promoción Turística y Desarrollo.

Y aquí viene el problema: al realizar estas fusiones alrededor de 1.000 funcionarios públicos serán cesados y deben pagarles indemnizaciones. En la situación económica que se halla el país y la deuda inmensa a pagar por préstamos que han hecho a cuanto gobierno o entidad disponía de dinero, seguramente será difícil atender; particularmente si la eliminación de servidores públicos que dejarán sus puestos continuará hasta el año 2021, en un número de 1.365, en la Función Ejecutiva.

No deja de ser notorio que en esta Función trabajan 492.683 servidores, de los cuales prácticamente el 70% presta servicios y el 30% es personal de “apoyo y asesoría”.

Una referencia es que laboran 625 asesores y se prescindirá de 365. Para el pago de los sueldos y beneficios de estos funcionarios, el Estado destina 2,19 millones mensuales; al despedir a una parte calcula que hará un ahorro de 7.3 millones tan solo en este año 2018.

Según el Ministerio del Trabajo harán una evaluación del desempeño para la reubicación de un Ministerio a otro, pero evitando duplicación de funciones. Prevén un ahorro anual de 148,5 millones de dólares.

Pregunta: ¿Cómo y con qué se atenderán los anhelos de los partidarios del régimen actual cuya aspiración es conseguir un empleo?

La experiencia mas o menos cercana, es desalentadora: una vez fuera del empleo, el pago de indemnizaciones se torna difícil. Está aconteciendo con la indemnización por renuncia “voluntaria” de los empleados judiciales. En un caso concreto, inventaron que era para quienes no tengan quejas por su labor. Superado el problema, otro pretexto fue que ha incurrido en error inexcusable. Total: cero pago hasta el momento.

Y acabamos de conocer un fallo que “inadmite” una reclamación de jubilaciones, por haber escogido el moderno trámite “monitorio”. Quien dejó de pagar los aportes fue una empresa privada.

Debemos ser optimistas. Los malos momentos seguramente no serán repetidos.