La Asamblea Nacional dio paso a una Reforma a la Ley de Educación Intercultural sin fuentes de financiamiento.
El absurdo fue corroborado por la publicación en el Registro Oficial, ordenada por el Poder Ejecutivo.
A tanto llega el posible agujero fiscal -USD 3 000 millones- que el propio Ministro de Economía y Finanzas sostuvo que debió ser vetado por inconstitucional.
La Secretaría de Estado remitió los argumentos a la Comisión legislativa que estudió el tema en octubre. Cabe reconocer que la campaña electoral no es la mejor atmósfera para tratar este tipo de temas relativos a derechos, reivindicaciones y economía, máxime si la austeridad debiera ser la filosofía de Estado.
Los temas que incluye la nueva norma son importantes y reconocen derechos sociales innegables y postergados por muchos años, pero en el fiel de la balanza está lo insostenible de una situación creada por la reforma legal sin financiamiento.
El alza del salario a USD 1 000 dólares por maestro nadie lo niega, como aspiración humana y social, lo mismo que rehacer las tablas salariales conocidas como escalafón.
Ese no es el único problema que encierra la ley aprobada y ejecutada. Hay un reconocimiento a la jubilación anticipada de los maestros, que, por más justa que parezca, también es imposible de financiar.
Si el IESS no puede con su alma, si la estructura de gastos aniquiló los flujos de pagos y pensiones jubilares y la pirámide no se puede equilibrar con ingresos más sólidos y egresos razonables, al Seguro Social se lo vuelve a dejar en ‘terapia intensiva’.
Algo habrá que hacer y pronto, tal vez un pronunciamiento de la Corte Constitucional, ya que un Presupuesto General del Estado desfinanciado es la peor herencia que se le puede dejar al país y al próximo gobierno. Estamos refiriéndonos a casi un 10% del Presupuesto para todo el ejercicio fiscal. El despropósito aprobado por la Asamblea Nacional saliente, en sus últimos estertores, y sancionado por el Ejecutivo, es un golpe letal para la economía vapuleada por la persistente crisis.