Uno de los desafíos más retadores de la hora actual lo tiene la nueva Fiscal General, Diana Salazar.
Ella se impuso al haber obtenido las mejores calificaciones, dentro de un complejo proceso de concurso de méritos. Es verdad que experimentó un tropiezo en el examen escrito, pero el conjunto de pruebas le asigna las mejores notas. Además sorteó las impugnaciones que intentaban que su nombramiento no prosperara.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio cumplió así con otro de sus mandatos populares importantes en la reinstitucionalización del país.
La nueva Fiscal tiene inmensos retos. En la dependencia a su cargo reposan los expedientes de los más grandes y sonados casos de corrupción que ha tenido el país a lo largo de todos estos años.
Varios llegaron allá por el fuero de los presuntos implicados, incluyendo al expresidente sobre quien pesa una orden de prisión, el exvicepresidente en la cárcel, y varios ministros señalados por posible corrupción, como huella de la década pasada.
Contra Rafael Correa hay denuncias por delincuencia organizada y por peculado. Jorge Glas fue condenado a seis años por asociación ilícita. Su caso se halla en etapa de apelación y guarda prisión en la cárcel de Latacunga. Entre los posibles delitos vinculados con aquel que originó la condena están los de peculado, delincuencia organizada, tráfico de influencias, lavado de activos, testaferrismo, cohecho y concusión.
Estos procesos que deberán ser ventilados por la Fiscalía General tienen conexión con la trama de corrupción de Odebrecht.
Una de las tareas de la nueva Fiscal será identificar los puntos críticos de una institución, que según quien hasta ahora ha ocupado este alto cargo por subrogación, no cuenta con recursos económicos suficientes. Cabe preguntarse si la falta de dinero es el único problema de la Fiscalía.
Uno de los primeros pasos de la alta funcionaria será designar el equipo de confianza que apoye su misión, despejando los rezagos y limpiando el camino de toda sospecha.