Los justificativos que entregue el Gobierno a la Corte Constitucional de Ecuador marcarán el destino de los próximos decretos-ley de urgencia económica. Y del último espacio de maniobra que tiene el presidente Guillermo Lasso durante los meses que le restan en esta administración.
La Corte Constitucional solicitó al Ejecutivo que presente la justificación de los decretos de las leyes orgánicas para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (materia tributaria) y Reformatoria para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, que incluye la creación de zonas francas.
El 6 y el 8 de junio de 2023 -en ese orden- se realizará las audiencias públicas vía telemática para analizar estos decretos. Allí, dependiendo de los justificativos que plantee el Régimen, se determinará la ruta que deberá aplicar Lasso para insistir en su política económica. Si las respuestas no fuesen positivas se complicará -aún más- su administración.
La población que demanda fuentes de empleo y seguridad, los sectores productivos que han visto frenadas sus ventas y los actores externos están atentarán a lo que sucedará porque eso calmará o no la inestabilidad nacional.
Hay que considerar que desde hace un año se agudizó la incertidumbre que frenó la recuperación de las afectaciones causadas por la pandemia del covid-19, que incluso ya se sentía desde antes por la caída del boom petrolero.
Las siguientes semanas serán de incertidumbre por la campaña electoral. Es una variable que siempre genera expectativa no solo en Ecuador sino en todas las naciones. Por eso es importante que cada paso que se de sea pensado en un interés general y pensando en el futuro.