Manuel Terán

Credibilidad por los suelos

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Miércoles 24 de octubre 2018

En las últimas semanas la ciudadanía ha sido testigo de hechos que ponen en entredicho la capacidad de algunas de sus instituciones y de quienes las dirigen para realizar a cabalidad las tareas encomendadas. Las sorpresas se iniciaron con la revelación de que cerca de una tonelada de cocaína había sido encontrada al interior de un recinto militar. Fallaron los controles, se desatendieron los mandos o aminoraron las revisiones; lo cierto es que, un determinado día amanecimos con la noticia que, de alguna forma, la entidad a cargo de la seguridad nacional había sido infiltrada por el criminal negocio de las drogas. Días después se pone al descubierto un grupo de uniformados complotados para abastecer con armas y municiones, de propiedad de los rastrillos de los cuarteles, a los grupos irregulares que mantienen presencia en vastas zonas del sur colombiano y que han ejecutado actos criminales en nuestro país. Insólito. Nuevamente los registros y las inspecciones habrían fallado, dando cuenta de la existencia de malos elementos que han logrado burlar a la institución armada, sembrando la duda de la verdadera dimensión del daño causado y los niveles que han logrado penetrar en las entidades encargadas de la seguridad del territorio y sus ciudadanos. Parecería que se trata de hechos aislados de una minoría inmersa en ilícitos, pero ronda la sospecha de que en algunas instancias hubo descuidos que minan la confianza depositada por los ciudadanos en las fuerzas del orden.

Para colmo, el fin de semana se les escabulle a las autoridades, en sus propias narices y con nota de despedida incluida, un procesado de la justicia a quién como medida preventiva se le había colocado un dispositivo de ubicación electrónica. Les ha dejado en el más absoluto ridículo. Y las explicaciones esgrimidas por quienes se hallan al frente de los organismos encargados del monitoreo de las personas a quienes se les sigue la pista a través de esos instrumentos, no hacen sino aumentar la confusión y poner de relieve la precariedad con que se actúa en esta materia.

El daño a la institucionalidad en su conjunto por la administración pasada es inconmensurable. Ahora sabemos que todos los modernos artilugios funcionaban si los destinatarios de los mismos eran opositores o contradictores del régimen; de lo que se trataba era de amedrentarlos para que callen en sus réplicas o se eviten de sus críticas. Pero se puede determinar que, ahora que dejaron de controlar de forma absoluta el poder, aún cuentan con el apoyo de incondicionales incrustados en el aparato estatal que les ayudan a esquivar las investigaciones judiciales iniciadas en su contra.

Todo esto contribuye a que la ciudadanía se forje una imagen pobre de sus instituciones, pues si éstas se encuentran enlodadas en el desprestigio habrá quienes aprovechen esa situación para eludir la acción de la justicia. De ahí la importancia de reedificar desde los cimientos un Estado sólido sostenido en los principios del Derecho.

mteran@elcomercio.org