La política, el Derecho, la actividad administrativa, la empresa privada, el ejercicio de las profesiones, en fin, la vida social, son temas de sentido común. Y los trastornos que sufrimos desde hace años, son resultado de la perversión de la lógica, de la incoherencia, de la mentira y, por cierto, de los intereses que se ocultan bajo las alfombras de los discursos y tras las pomposas apelaciones al pueblo soberano. La hipocresía, el cálculo, los proyectos de las facciones y grupos de presión, no se llevan bien con el sentido común. Algunas ideologías tampoco.
1.- ¿Qué es sentido común?.-Según el Diccionario de la Lengua Española, sentido común es la capacidad de entender o juzgar de manera razonable, y es también, lo lógico y conforme al buen juicio. Y lo lógico alude al modo de pensar y actuar con sensatez, esto es, conforme a la prudencia, a la cordura.
El sentido común debería ser, entonces, el argumento constante que oriente a los legisladores, jueces, políticos, empresarios y hombres de a pie, bajo el supuesto de que todos ellos serían personas juiciosas, y que sus decisiones estarían orientadas por los consejos de la lógica, la previsión, la prudencia y la buena fe.
Semejante hipótesis, sin embargo, no pasa de ser eso, una teoría que no calza con la realidad, una doctrina extraña que ya no se enseña porque “aburre”, una fórmula sin actualidad. Y así es, en efecto.
2.- Las leyes, ¿obedecen al sentido común?.- No. Obedecen a cargas ideológicas, a intereses y afanes políticos y, con frecuencia, a la novelería que llega con los proyectos enlatados y las modas. Salvo algunas que sobreviven del “antiguo régimen”, las nuevas leyes, por lo general, complican la vida social, enredan la lógica, crean formas vacías y dificultades, ensombrecen el ejercicio de los derechos y hacen de la libertad una teoría sin sustancia, y del poder, el padre y madre de todos individuos, el concedente de los permisos, el recaudador de impuestos, la autoridad blindada e indolente.
El sentido común dice que la expedición de las leyes es potestad de los legisladores como representantes elegidos por la comunidad. Pero, la Constitución y las leyes orgánicas niegan esa lógica y atribuyen, sin ton ni son, y en forma sistemática, “facultades legislativas” a infinidad de órganos burocráticos donde anida el verdadero poder, a las entidades de control y hasta al mínimo directorio de la última agencia pública.
Si la teoría política de la delegación, que es el sustento democrático de la función legislativa, no funciona, veamos qué hacer, pero no mantengamos en la Constitución la mentira del poder del pueblo y sus representantes. Esto es cuestión de sentido común y de honradez intelectual.
3.- La seguridad jurídica y el sentido común.- El país no tiene recursos, nunca los tuvo suficientes, y la deuda nos agobia. El sentido común aconseja que, en semejantes circunstancia, se propicie la inversión extranjera seria, venciendo para ello prejuicios y archivando ideologías caducas; que se lo haga con políticas, leyes, sentencias y prácticas consistentes, alineadas al propósito del desarrollo. Aconseja el sentido común que, para tal fin, se dicten normas claras, que se las interprete sin arbitrariedad y de buena fe. Que se respeten los contratos y no se niegue lo evidente, como ocurre en cada evento judicial en que está involucrado un inversionista que llegó al país bajo las promesas de estabilidad legal, independencia judicial, prácticas claras y demás esperanzas que alienta y difunde cada gobierno. Respetar las reglas, someterse a los fallos, litigar con transparencia, ganar o perder, son cuestiones de sentido común y, además, de buena fe.
El artículo 82 de la Constitución es una declaración bastante clara, que no funciona si no se observa la lógica en la comprensión de la norma, y en su ejecución. La norma alude al respeto a la Constitución y a la existencia de reglas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades. Pero los derechos que garantiza la Constitución, cuando de cumplirlos se trata, se diluyen en infinidad de normas secundarias, leyes farragosas, reformas y contra reformas, en el galimatías de los precedentes, las doctrinas interpretativas de la burocracia, los miedos de los empleados públicos y, finalmente, en el sueño de las negaciones.
Así pues, la seguridad jurídica que reclaman los inversionistas, no es nada excepcional, ni implica renuncias a soberanías ni otros embustes al estilo. Es asunto de sentido común, de cumplir lo prometido, de respetar la legalidad y el principio de la cosa juzgada.
4.- La reforma laboral, cuestión de sentido común.-Si tenemos un aluvión desempleados, si han llegado masas de migrantes que huyen del reino del absurdo y el disparate, si es preciso fomentar el empleo, hay que flexibilizar el régimen laboral, hay que eliminar las sanciones a los contratos precarios (35% de recargo al salario), hay que retornar al contrato a plazo fijo, propiciar las labores a medio tiempo o por jornadas disminuidas. No hay que perseguir al empresario grande o chico. Hay que permitirle al que hace empresa, que tenga la ilusión de trabajar y ganar. Hay que limitar los excesos. No hay que legislar fuera de la ley por vía de actos administrativos. Hay que darle certeza al que arriesga sus recursos.
5.- Cumplir es asunto de sentido común y buena fe.- Vivimos en un sistema de reglas enredadas, infinitas, defectuosas y que no se cumplen. El desencanto de los inversionistas es una evidencia. Salir a una calle en Quito o en cualquier otra ciudad, es asomarse al mundo de los incumplimientos. Testimonios al canto: los buses humeantes, el caos del tráfico, la policía ausente, la inseguridad, la multitud de ambulantes, es decir, el sentido común ausente y el respeto, derogado.