Quito no puede seguir así ni un día más. No hay administración en la ciudad. El Alcalde, destituido por los concejales, situación de extrema gravedad. El Alcalde, que tiene derecho a defenderse, acude a todos los recursos, los lícitos y los no tanto, para defender su posición. Afronta procesos judiciales, que deben resolverse en esas instancias. Defiende su permanencia basado en que fue el pueblo de Quito el que le eligió, lo que no le exime de la fiscalización de los diferentes órganos, empezando por el Concejo Metropolitano. Está enfrentando, peligrosamente, a los quiteños. Sugiriendo que como no pertenece a las élites quiteñas, lo quieren sacar de su puesto, introduciendo un contenido racista intolerable. Quito ha sido y es tolerante y solidario. No se le puede conducir a un enfrentamiento irresponsable.
Cada vez se embrolla más la solución del problema. Con sorteos chimbos de los jueces que han de conocer los recursos legales, lo que habría provocado serias discrepancias con los propios abogados del Alcalde, expuestos, si han participado en esos ilícitos, a sanciones legales y suspensión del ejercicio de su profesión. Con providencias que no observan lo que prescribe la ley. Providencias que reflejan los criterios emitidos por la Juez antes de conocer el caso judicialmente, prevaricando. Jueza que resultó “sorteada” después de restringir las posibilidades de asignación, de 174 a 5, con el ingreso de la causa por una razón distinta de la real. Con resoluciones de otro Juez al que se le asignó el caso sin realizar el sorteo legal obligatorio. Muchas cosas chimbas, que complican el problema y complican al Alcalde. ¿Cómo puede no darse cuenta?
Una cosa es el derecho a la defensa y a recurrir a las instancias que la ley franquea. Otra, muy distinta, es la maña ejercida por leguleyos sin escrúpulos que desprestigian a la profesión y contribuyen a desprestigiar a la administración -a la de justicia y a la municipal- proyectando más sombras sobre el Alcalde.
Las resoluciones tomadas por el Consejo de la Judicatura deben resolverse enseguida. No pueden enredarse en procedimientos tortuosos que complican más las cosas. El Juez de segunda instancia que conoce la revisión de la resolución de la Jueza potencialmente -y casi evidentemente, prevaricadora- no puede retardar más su resolución. No pueden estar Quito y su administración municipal al garete un solo día más. El deterioro de la ciudad, el pesimismo de sus habitantes, la depresión generalizada, encienden una mecha que solo puede conducir a la explosión de la bomba de tiempo que se está sembrando.
El primer interesado en que esto acabe debe ser el Alcalde y, por supuesto, los concejales, todos a una, sin banderías políticas, sin segundas intenciones, con la mira puesta en el restablecimiento de la normalidad, abandonada hace rato. Ni un día más del relajo en que vivimos.