César Augusto Sosa

El reparto de la crisis

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Lunes 07 de diciembre 2020

Hace algunos meses fueron las universidades, ahora son los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) que reclaman por la reducción de asignaciones presupuestarias.
Sus argumentos son válidos: la educación requiere mayor inversión porque de ella depende el futuro del país, siempre que la educación sea de calidad, claro. O que las obras municipales y provinciales son necesarias para el desarrollo, lo cual supone que los recursos se invierten en obras prioritarias y de alta calidad. ¿Lo hacen?

Pese a que es necesario canalizar más recursos a la inversión, la realidad de las finanzas públicas es que no hay recursos suficientes. El presupuesto que se calculó a inicios de año cambió radicalmente por la pandemia y el Fisco calcula que recibirá USD 8 000 millones menos de ingresos, por la caída del precio del petróleo y la menor recaudación de impuestos.

Las leyes vigentes señalan que los GAD tienen derecho a parte de los ingresos que recibe el Gobierno, que provienen básicamente de la venta de petróleo y de las recaudaciones de impuestos. Como ambos rubros han caído, Finanzas sostiene que no se puede repartir algo que no existe.

Ese es el peor lado de la crisis económica y que es difícil de asimilar, ya que a nadie le gusta hacer ajustes, despedir a empleados o reducir la inversión en obras. Y menos en época de elecciones, cuando se juega la popularidad de muchos partidos o movimientos políticos, cuyos candidatos para la Presidencia y la Asamblea quieren mostrar resultados en obras o necesitan activar la maquinaria electoral, que demanda dinero.

Los representantes de los GAD se movilizaron la semana pasada en reclamo por el recorte de asignaciones previstas en el Acuerdo 072 del Ministerio de Finanzas, firmado en septiembre pasado. Y anunciaron nuevas acciones para este 8 de diciembre si no se derogaba ese Acuerdo.

Finanzas derogó el acuerdo de la discordia, pero aclaró que todo lo actuado previamente se mantiene. La liquidación de recursos a los GAD, que se hace cada cuatro meses, sigue igual, es decir, el recorte que reclamaban por las asignaciones realizadas entre mayo y agosto pasado no se modifica.

Lo único que cambia con la derogatoria del Acuerdo 072 es que ahora se analizarán posibles cambios normativos al esquema de distribución de recursos a los GAD, que propendan a una mayor equidad territorial.

Lo anterior es positivo y es una oportunidad para transparentar las asignaciones del Gobierno y el destino que dan los municipios, prefecturas, juntas parroquiales, etc.

La nueva realidad del país obliga a ser más eficientes en el gasto público y eso implica revisar la estructura de ingresos y egresos en los GAD. Según cifras oficiales, la prioridad de gasto en estos gobiernos autónomos descentralizados está en consultorías, viáticos, pasajes, compra de vehículos, mantenimiento, arriendos, etc.

La eficiencia que se pide al Gobierno hay que trasladarla a todas las entidades autónomas que reciben dinero público.