Ya no era posible dilatar más las decisiones. Una política económica errada que se mantuvo hasta mediados de 2014 debido al extraordinario precio del petróleo, nos hundió una vez que cayó el precio. En los cinco años de mediados 2014 a 2019, hemos crecido a menos de 1% anual: media década perdida. En ese lapso, poco o nada hemos hecho para resolver el problema. El déficit se ha reducido, pero porque el Estado ha dejado de invertir. No porque ha bajado el gasto corriente, ni porque mejoraron ingresos.
La decisión de subir el precio de los combustibles para el sector automotor, desechando una mala práctica de 45 años, conmocionó. Dos generaciones crecieron creyendo que el subsidio es un derecho irrenunciable. El gobierno se las juega con el ajuste. No hay vuelta atrás. Para resolver el problema del déficit, la eliminación del subsidio a los combustibles es un paso indispensable. Es mejor que el alza del IVA; pero además, es una medida que no pasa por la Asamblea, donde el alza del IVA no tendría apoyo.
Otro paso es podar el peso muerto en la burocracia. En 12 años, el rol de pagos del sector público creció en USD 6.500 millones, y pasó de 8% del PIB a 10%. Que no digan que todos los nuevos cargos creados son indispensables para el funcionamiento del Estado.
Para complementar el ajuste fiscal, habrá que transferir el manejo de activos productivos del Estado al sector privado. Este dinero debería dirigirse a reducir la deuda externa.
Otro frente del ajuste es devolverle competitividad al sector productivo con reformas tributarias y laborales: dos de las tres leyes enviadas a la Asamblea. La laboral, para frenar el dren de empleos formales; desesperadas por bajar costos, las empresas buscan reducir empleados, ya que el costo laboral es superior que en los países vecinos y competidores. Las empresas podrán contratar nuevos empleados sin tantas rigideces que desalientan el empleo. La reforma tributaria crea algunos nuevos impuestos (a los servicios digitales del exterior) e ingresos extraordinarios (a los capitales en el exterior) pero fundamentalmente racionaliza la norma tributaria e inicia la desgravación del ISD, impuesto que desalienta el ingreso de capitales.
Un tercer frente es la dolarización, debilitada ya que en el correato la reserva monetaria, constituida fundamentalmente de depósitos bancarios, municipios y consejos provinciales, pasó a ser caja chica del gobierno central. El proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero conforma un directorio no controlado por el Ministerio de Finanzas.
Cinco años tarde, comienza un prolongado proceso de ajuste, que tomará lo que resta de este período presidencial y la mayor parte del próximo. El Fondo Monetario considera que para 2021 podríamos empezar a crecer a un promedio de 2,5%. Con mucho esfuerzo.