Están listos para la firma los contratos de servicios de los campos maduros de Petroecuador.
La operadora de los campos seguirá siendo Petroecuador, pero serán empresas de servicios las que inviertan y realicen las tareas que frenen la declinación de su producción y permitan incrementar las reservas recuperables.
Críticos de la participación extranjera en la actividad petrolera denuncian que se trata de una privatización, lo que es inconstitucional, y que el presidente Correa está desdiciéndose de su posición de nacionalismo irredento durante la campaña.
Cierto es, el proceso que se sigue es lo más cercano dentro de la ley a permitir la operación extranjera de los campos maduros de Petroecuador. Se firma no con empresas petroleras integradas, sino con las empresas que son propietarias de equipos de perforación y que prestan servicios a Petroecuador y otras petroleras. Son contratos de servicios específicos.
La adopción de esta fórmula para continuar con la explotación de los campos maduros es una señal de pragmatismo, y no de privatización. Este Gobierno ha dado muestras de un pronunciado nacionalismo petrolero. Prueba de ello es la legislación petrolera que se aprobó bajo este Régimen y el leonino contrato que firmó con las operadoras privadas que quedan, disputa que causó la salida Petrobras y Perenco.
Como consecuencia de la declaratoria de caducidad del contrato de Occidental bajo el Régimen anterior, el Gobierno tuvo la sensatez de no destruir a la subsidiaria de Occidental en el país, sino de cambiar unos pocos funcionarios multinacionales con funcionarios estatales, y hacerse de una empresa petrolera estatal eficiente, lo que nunca se logró con Petroecuador.
El resultado es que el sector petrolero estatal está en proceso de drástica mutación. Hasta mediados de la década pasada, un pesado, burocratizado e ineficiente ente estatal estaba a cargo de los mayores y más antiguos campos del país, los que no estaba en capacidad de recuperar utilizando una tecnología moderna.
Dentro de poco tiempo, lo que habrá es una moderna empresa estatal que lleva a cabo desarrollo de nuevos campos descubiertos por otros, y por lo tanto de bajo riesgo, y que incrementa la producción. Además, bajo su responsabilidad, empresas de servicios modernizan con tecnología de punta la producción de los campos maduros.
Un nacionalismo pragmático como el que sigue el régimen tiene sus fortalezas –mayor participación estatal en la renta petrolera- aunque también sus debilidades: menor inversión privada y dificultar el desarrollo pleno del potencial petrolero.
Para el nacionalismo más rígido desde el que se critica la política petrolera, es mejor sacrificar producción y renta petrolera, con tal que no haya participación privada extranjera.