El Presidente Correa ha anunciado una nueva Consulta Popular, mediante la cual pretende que los dignatarios de elección popular y los servidores públicos estén prohibidos de tener bienes o capitales en paraísos fiscales, lo cual ha calificado como un pacto ético.
Este inusual interés, en época electoral, parece estar direccionado a sus principales opositores; sin embargo resulta contradictorio establecer inhabilidades para ser candidatos o funcionarios, por actividades iguales o similares realizadas por el propio Gobierno, basta mencionar que el Banco del Pacifico, de naturaleza estatal tenga una filial en Panamá; por otra parte, según lo ha denunciado un Legislador, el mismo Banco Central del Ecuador, tiene cuentas bancarias en el Bank of China Limited de Panamá; y, el Puerto de Posorja ha sido concesionado a una empresa vinculada a DPWorld de Dubai, que es parte de los Emiratos Árabes Unidos, otro paraíso fiscal, de acuerdo al SRI.
Hoy se enarbola la bandera de la ética, con el discurso en contra de los paraísos fiscales; pero me pregunto cuánto le interesará esto al ciudadano común, para quién posiblemente es menos ético que el actual Gobierno pague las jubilaciones de los maestros con bonos; que los fondos del IESS se hayan convertido en la reserva de libre disponibilidad estatal; que la administración de justicia, sea cada vez menos justa, que sentencie a cuatro años de prisión por protesta social y a tres meses por el caso del “come cheques”; que se hable de ciudadanía universal y libre movilidad humana y se deporte a decenas de cubanos; que se interrumpa el programa que el ciudadano desea ver o escuchar, con múltiples espacios de información estatal que pretenden convencer de la verdad.