13 de abril de 2019 00:00

Impuestología

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José Antonio Salinas B.

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Los ciudadanos ecuatorianos pagamos diferentes impuestos, tasas y contribuciones al Estado en sus formas de gobierno nacional o municipal para que se conviertan en atención y servicios en nuestro beneficio. Hasta allí la teoría es plausible, pero en la práctica -a más de los impuestos a la renta, a la salida de capitales, a la importación de bienes y servicios, a las transacciones mercantiles, a los predios urbanos y rurales, a la compraventa de bienes inmuebles, y un sinnúmero de tasas y valores que debemos pagar por otros supuestos servicios, muchos de los cuales solo los reconocemos en las facturas que recibimos y cancelamos- hay otros pagos extras que hacemos cada vez que utilizamos el sistema bancario para pagar servicios públicos, impuestos o tasas.

Si es a través de un banco privado, suponemos que el cobro por entregar o recibir un monto de dinero es parte de sus servicios que paga el usuario sin cuestionamiento alguno, pero si la entidad bancaria es parte del Estado, es mi opinión que estamos repagando impuestos al pagar por servicios que ya los pagamos con la debida anticipación al Estado, al pagar nuestros impuestos.

La Superintendencia de Bancos y Seguros debe revisar urgente esta incongruencia “impuestológica” pues el Estado está facturando a sus ciudadanos, por pagar mediante transferencias bancarias al propio Estado, cuando comete la imprudencia de realizar dichos pagos a través de un banco de propiedad del Estado. Un poco trabada la cosa, pero el resultado es que pagamos impuesto sobre impuesto. Deben devolvernos todo lo repagado aunque sea con intereses a la tasa activa del Banco Central. 

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