Si la Sociedad Civil es quien elige a las respectivas autoridades para que gobiernen el país, es obvio que debe tener la facultad para controlar y exigir a las autoridades elegidas y designadas por ella, que cumplan y hagan cumplir la Ley, que cumplan con su deber de servir a la sociedad ecuatoriana, y que lo hagan en forma eficiente y honesta.
Pero la realidad que vivimos es otra, pues, una vez que las autoridades han sido designadas y posesionadas han impuesto su voluntad de acuerdo a sus conveniencias, dejando de lado los intereses nacionales, incluso llevando a cabo acciones corruptas, vergonzosas comprometiendo el erario nacional, sólo para beneficio personal y de su grupo, tal cual como lo estamos evidenciando al momento, gracias a las publicaciones de los medios dentro y fuera del país, dando a conocer los perjudiciales contratos para las obras hidroeléctricas, las instalaciones para la Refinería del Pacífico, el reacondicionamiento de la Refinería de Esmeraldas y para la explotación y comercialización del petróleo, y otros más que siguen apareciendo.
Con el objeto de parar cuanto antes el comportamiento ilegal y parcial de ciertas autoridades que han causado daño a la sociedad, ya sea cancelándolas o suspendiéndolas se impone llevar a cabo una Consulta Popular de inmediato, y posteriormente ir a una Constituyente para reformar la actual Constitución que atropella a la democracia, a los derechos humanos al concentrar el poder en el Ejecutivo. Pues, si la Sociedad Civil fue quien eligió a las respectivas autoridades, ahora está obligada a retirar esa confianza que les brindó a las autoridades elegidas y posesionadas, debido a su mal comportamiento. Además debe apoyar a las personas que han tenido la entereza de denunciar los delitos cometidos por funcionarios e intermediarios. Si no se llevan a cabo estas acciones constitucionales, el futuro del país es completamente incierto.