Deseo hacer referencia al artículo de opinión del Econ. Mauricio Pozo, publicado el sábado 9 de mayo de este año, en diario El Comercio, en la página 7, titulado “¿Deuda ilegítima con el IESS?”, pues es importante efectuar las siguientes precisiones:
Antes que nada, deseo expresar que, pese a no compartirlos, siempre he respetado los comentarios de los analistas contrarios a la política económica del Gobierno, entre ellos, los vertidos por el Econ. Mauricio Pozo; no obstante, no puedo permitir que a través de un artículo de opinión, como al que me refiero en esta carta, se pretenda faltar a la verdad y desinformar a la ciudadanía.
El articulista empieza su análisis atribuyendo inconsistencias al Gobierno en sus decisiones, cuando la realidad es que él comete una inconsistencia conceptual al decir que el régimen quiere “desconocer la deuda del Estado con el IESS en el aporte del 40% de las pensiones jubilares”, al respecto hay que aclarar que una deuda se genera cuando se deja de pagar o se tiene una obligación legalmente exigible, y el actual Gobierno nunca ha dejado de cumplir con el aporte de este subsidio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por tanto no tuvo ni tiene ninguna deuda con esta institución en este tema.
Vale recordar, además, que en abril de este año se aprobó la Ley de Justicia Laboral que suprimió este subsidio, por lo que actualmente no existe una exigencia legal para este aporte.
El articulista, sin un sustento sólido y con falsa modestia, afirma, en relación al pago del 40% al IESS, que “No es verdad que solo este régimen cumplió y no los anteriores’ y además sostiene que “antes fue un principio honrar siempre las obligaciones del Estado y jamás desconocerlas”, pues los hechos demuestran lo contrario y está comprobado que en más de 20 años, previos al gobierno de la Revolución Ciudadana, es decir, todos los regímenes de 1985 a 2006, incluido el que perteneció el Econ. Pozo, incumplieron con el pago que les correspondía por la deuda histórica de la contribución del 40% de las pensiones jubilares, desacatando incluso a la propia Constitución de 1998 que, en su Disposición Transitoria Tercera, establecía dicha cancelación.
La verdad es que solo el actual Gobierno pagó la deuda histórica al IESS por la contribución del 40%, lo hizo en el 2008 con una transferencia de 858 millones de dólares. Además, el actual Gobierno cumplió con la cancelación de este aporte a la Seguridad Social en todas las cuotas que le correspondió en su período, de manera oportuna y puntual, lo que significó que, hasta marzo de 2015, el IESS reciba, en total de este gobierno, 5.275 millones de dólares por este concepto.
Me permito insistir que actualmente está vigente la Ley de Justicia Laboral que suprime el pago mensual de esa contribución, porque el IESS no la necesita ya que es superavitario en su fondo de pensiones. No obstante, la propia ley, de manera responsable, establece que el Estado garantizará con entrega de recursos en el caso de que el IESS tenga algún inconveniente para financiar las pensiones jubilares.
Con estos antecedentes, y de acuerdo a lo que establecen el Art. 66 numeral 7 de la Constitución, y los Art. 22, 23 y 24 de la Ley Orgánica de Comunicación, solicito la publicación de esta carta para que los lectores del periódico tengan acceso a una información precisa sobre este tema.