Precisamente ha llegado a niveles alarmantes para que el Gobierno tome conciencia de la gravedad del problema, cabe recalcar que existe responsabilidad compartida entre los sectores público, financiero, comercial y la ciudadanía.
El encarecimiento de la vida por el excesivo incremento de impuestos a pretexto de solventar gastos sociales o salvaguardar lo ecológico imponiendo gravámenes en todo lo que se les antoja, ha incrementado los costos de la canasta familiar.
La política de las financieras de facilitar tarjetas de crédito tengan o no recursos o ingresos sólidos y presión para que sus clientes se endeuden con préstamos a corto plazo.
El aprovechamiento de establecimientos comerciales para incrementar sus ventas y ganancias con promociones y oferta de ganchos con sorteos de carros, viviendas, viajes al exterior, etc. para los incautos consumidores.
El público que no mide la capacidad económica para estos endeudamientos ha ocasionado que 400 000 ecuatorianos se encuentren angustiados, sin poder cumplir con sus obligaciones de pago y en otros casos estarán incluidos aquellos que perdieron sus puestos de trabajo por la venta forzada de renuncia.
Todo esto es una alarmante situación en que vivimos los ecuatorianos y el Gobierno no tiene piedad con su pueblo, que cada vez nos vamos al caos.