El Gobierno anuncia que nuevamente recurrirá a la medida de salvaguardia para proteger la producción nacional y técnicamente, por los resultados que produjo la Resolución 11 del COMEX, no nos está diciendo la verdad, puesto que esta medida, antes y seguramente en poco tiempo, se adoptó y se adoptará, con el único propósito de generar recursos al Estado, mas no para proteger la producción nacional. Lo antes señalado se confirma cuando se comprueba que de las 2 953 subpartidas arancelarias reguladas por la Resolución 11 antes indicada, el 25% de las mismas, clasifican productos que no se producen en el país, por tanto, en éstos casos, la salvaguardia aplicada lo único que hizo fue generar recursos estatales vía el encarecimiento del producto importado que no producimos y que lo necesitamos, más aún si es una materia prima o bien de capital. Por otro lado, recordemos que en los dos años de vigencia de la Resolución 11, las importaciones disminuyeron considerablemente contribuyendo con la recesión de la economía de la cual estamos luchando por salir, por lo que no resulta ni conveniente ni recomendable aplicar en estos momentos de recuperación, una medida totalmente recesiva. El Gobierno sabe que un exceso de la carga impositiva a un producto importado, se produzca o no en el país, deriva en una desviación del comercio registrado o legal a uno no registrado o ilegal, desvío que causa más daños que beneficios a nuestra economía y que solo beneficia a ciertos grupos de la sociedad que tienen réditos ocultos derivados de las prácticas desleales de comercio en torno a la aplicación de este tipo de medidas. El Gobierno sabe que el contrabando no paga impuestos y que este tipo de medidas aumenta el rédito y el interés de los contrabandistas. Esperar que la Aduana solucione y controle el mismo, es ser ingenuo.