Tal como hace un par de años, el Gobierno no escatima ningún esfuerzo para promocionar su apertura al diálogo, aunque esta vez renovó el nombre. Ahora se llama Acuerdo Nacional.
Pocos meses después de asumir el poder, el nuevo Gobierno invitó a los empresarios a conformar lo que en ese momento se denominó el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. En esa instancia se barajaron más de 700 propuestas relacionadas con desarrollo económico y competitividad.
Sin embargo, al finalizar esa etapa, los gremios productivos salieron descontentos porque no se tomaron en cuenta todas sus propuestas; a cambio, el Ejecutivo les ofreció crear una Mesa de Competitividad.
Al final esa mesa no prosperó y, por el contrario, el Gobierno trabajó en una Ley de Fomento Productivo que incluyó incentivos a las nuevas inversiones (sobre todo creyendo que 114 empresas iban a invertir USD 9 400 millones en 48 meses), así como importantes exoneraciones de impuestos.
Con la Ley de Fomento Productivo II (que enviará el Ejecutivo a la Asamblea una vez que se elijan sus nuevas autoridades), se espera incorporar las aspiraciones empresariales para mejorar su competitividad. No obstante, hay dos aspectos claves por los que el sector productivo presiona para generar empleo e incrementar sus inversiones: aplicar cambios urgentes en materia laboral y poner en marcha reformas tributarias.
Mientras se define la metodología de trabajo de esta Mesa de Competitividad, es de esperar que sus resultados sean ágiles. Las cartas están echadas, todos los involucrados saben cuáles son los temas complejos y no cabe ningún borra y va de nuevo. El país lo exige.
Sin duda se ha perdido mucho tiempo en lograr acuerdos por la competitividad, más aún cuando este era un asunto clave desde que se dolarizó la economía (año 2000). Alcanzar mejores indicadores en este ámbito involucra un proceso que tomará tiempo, que requiere alinear las políticas públicas con las necesidades del sector empresarial, pero es urgente.