La creciente apertura mundial al consumo terapéutico del cannabis no psicoactivo (cáñamo) anima el interés de los grandes inversionistas, por colocar sus recursos en este segmento. En los últimos dos años, algunos países de América Latina han recibido esos capitales, como Chile, México, Perú, Colombia y Brasil. Y ahí es donde también las autoridades ecuatorianas miran una oportunidad, para atraer inversiones al país, algo que serviría para aliviar la actual crisis económica. Al menos así lo han transmitido estos días.
En diciembre del año pasado, la Asamblea Nacional dio paso al uso medicinal del cáñamo, con la aprobación de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), y ahí se estableció un plazo de 120 días (que se cumplirán el 24 de junio), para que los ministerios de Salud y Agricultura definan la regulación que se pondrá en vigencia y cumplir lo que dispone la ley. Eso, porque para producir o importar medicamentos con contenido de cannabis se requerirá una licencia emitida por la agencia de regulación Arcsa. En ese sentido, todavía está pendiente la reglamentación que se tendrá que cumplir para acceder a esas licencias.
El despegue en Ecuador de las empresas que se puedan integrar a la cadena de valor del cannabis, sobre todo en el sector agrícola, dependerá de la regulación faltante, del control que se ponga en vigencia, de las regalías que se pudieran establecer, de los impuestos que llegarán al Fisco, entre otros detalles. Además, este segmento puede abrir la puerta para impulsar una mayor investigación científica con la participación de la Academia y desarrollar otros usos industriales.
A partir del segundo semestre del año, una vez que se difunda esa reglamentación, se tendrá una hoja de ruta más clara de cómo se podrá incursionar en este nuevo mercado, que de acuerdo con publicaciones especializadas moverá más de USD 30 000 millones en el mundo, en el 2021. Mientras eso sucede, algunas empresas y organizaciones ya exploran el mercado nacional, para aterrizar en el país.