Es increíble que 2 700 familias manabitas sigan viviendo en carpas o entre las ruinas de sus casas dañadas por el terremoto del 2016.
Pasaron tres años y lo único que tienen son unas varillas de hierro, como columnas, que quedaron fundidas en el suelo; paredes de cemento y montículos de arena y tierra. Eso se observa en las zonas rurales de Chone, San Vicente, Sucre, Jipijapa y Portoviejo
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ha dicho que las obras no se terminaron por el incumplimiento de los contratistas y que se ha enjuiciado a 88 de ellos.
Está bien que se sancione a los responsables y es imperativo que la Contraloría emita con urgencia su informe definitivo con los nombres de todos los responsables, tanto de los contratistas como de los funcionarios públicos negligentes.
Pero, es cuestionable que en más de tres años no se haya dado una solución a las familias, que se quedaron sin un lugar donde vivir, luego del 16 de abril del 2016.
Hay construcciones que están paralizadas desde finales del 2016 y las obras siguen tal cual las dejaron. Los obreros apenas estuvieron cuatro meses y luego desaparecieron; nadie responde por eso.
Algunas familias pusieron paredes de caña, techo de zinc y piso de cemento a las obras que tenían algo de estructura. Lo pudieron hacer, porque sus vecinos les regalaron los materiales. Otros damnificados tuvieron la posibilidad de pedir un crédito o de reunir dinero, para levantar su casa.
Los damnificados han hecho todo lo posible y como sea para salir adelante, sin embargo, las autoridades han sido muy indiferentes. Las historias de estas familias demuestran que, en definitiva, las autoridades manabitas y del Gobierno de estos más de tres años no hicieron nada para ayudarlas. No les ha interesado el padecimiento de los damnificados.
Es cierto que se han entregado 25 523 viviendas desde el 2016, según el Ministerio; sin embargo, falta por atender a más afectados,con casas y servicios básicos.