15 de mayo de 2019 00:00

Centro de menores infractores opera sin dinero para comida

Así lucen las instalaciones en el Centro Virgilio Guerrero, tras el incendio del 21 de abril.

Así lucen las instalaciones en el Centro Virgilio Guerrero, tras el incendio del 21 de abril. Foto: Cortesía

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Ana Belén Rosero Muñoz
Redactora (I)

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Después de 23 días del amotinamiento registrado en el Centro de Menores Infractores Virgilio Guerrero, en Quito, sus instalaciones aún lucen destruidas. La Dirección, Secretaría, sala de audiovisuales, dispensario médico, el área de archivo, los cuartos y algunas aulas no pueden ser usadas, pues deben ser reconstruidas.

Después de que los internos quemaran esas áreas, 28 de ellos duermen en un aula.

Según el director del lugar, Gilberto Rubio, este hecho solo agravó la situación de 109 menores que pagan condenas por los ilícitos cometidos.

El Virgilio Guerrero también carece de presupuesto para alimentar a los internos.

Rubio sostiene que entre enero y abril de este año, la Dirección de Rehabilitación no le ha entregado USD 209 345.

Por eso, la orden religiosa que administra el lugar optó por pedir ayuda a los padres de los menores infractores.

Desde hace dos semanas, los familiares llevan costales de arroz, papas, fideos y verduras, “para que los jóvenes puedan alimentarse tres veces al día”.

De hecho, ayer, en media hora llegaron seis mamás con víveres y artículos de aseo.

Marcia es madre de un joven de 17 años, que lleva aislado dos meses. Ella va tres veces por semana con atún, fideo, harina, arroz, jabón y papel higiénico para su hijo. “Los administradores nos pidieron ayuda, porque dicen que las autoridades no entregan el dinero para que nuestros hijos puedan alimentarse a diario”.

Estos alimentos fueron entregados por los familiares.

Estos alimentos fueron entregados por los familiares. Foto: Cortesía

La Dirección de Rehabilitación Social emitió un comunicado, en el que reconoció que no se realizaron los pagos.

Pero aseguró que esto se debe al proceso de transición entre el Ministerio de Justicia y el Servicio Nacional de Atención Privados de la Libertad y Adolescentes Infractores. Además, porque supuestamente Rubio no habría presentado a la Dirección de Rehabilitación los informes de los presupuestos requeridos desde enero.

Rubio aseguró ayer a este Diario que en diciembre del año pasado intentó entregar toda la documentación con la proyección de gastos de enero y febrero, pero que no le recibieron. “Me indicaron que los deje después de que culmine la etapa de transición”.

Según el Director, los informes de marzo y abril se destruyeron con el incendio. Recién ayer los entregaron en la Dirección de Rehabilitación.
Ahora esperan que el dinero sea desembolsado. Por lo pronto, Bertha llegó con arroz, azúcar, frutas y verduras.

Ella tiene un hijo de 18 años que lleva un año y medio en el sitio. “Estamos dispuestos a ayudar para superar las necesidades, para que puedan atender a nuestros hijos”.

En el Virgilio Guerrero están 109 chicos, pero la capacidad es solo para 100. El año pasado estaban aislados 140.

La Dirección de Rehabilitación también aseguró que el director Rubio “no comunicó el problema de alimentación” y que tras conocer esto enviaron un servicio de ‘catering’.

Pero fue suspendido, porque la comida provocó daños en los adolescentes infractores.

Rubio dijo que desde marzo ha enviado seis escritos al director de Rehabilitación Social, Ernesto Pazmiño. En estos documentos le pide soluciones a los problemas de hacinamiento y a la falta de presupuesto para la comida.

Pero aseguró que hasta ahora no recibe una respuesta.

En el país hay 11 centros para adolescentes infractores y la Defensoría del Pueblo dice que el Virgilio Guerrero no es el único que “presenta problemas”. Este organismo sugiere que todo el sistema de rehabilitación entre en una emergencia. Pazmiño dijo la semana pasada que esta declaratoria se emitirá mañana.

Tras el amotinamiento e incendio ocurrido el pasado 21 de abril, 12 menores del Virgilio Guerrero fueron trasladados al Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil y tres mayores de edad, que también se encontraban en este sitio, fueron llevados a la cárcel de El Inca, en el norte de Quito.

Según las investigaciones, los tres adultos fueron precisamente los que incitaron a los menores de edad a revelarse y provocar el incendio, para intentar fugarse del sitio.

Control militar

Como parte de las medidas para frenar la violencia en las cárceles, los militares realizaron ayer controles de armas y municiones en los alrededores de las cárceles. Por ejemplo, hicieron operativos en los exteriores de la Cárcel 4, en el norte de Quito, y en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi.

La idea es evitar que las armas ingresen a las celdas y así reducir la violencia. En este año van nueve asesinatos en las penitenciarías. El último ocurrió el domingo, en El Turi de Cuenca. Un policía fue detenido, pero ayer quedó libre.

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