3 de septiembre de 2020 00:00

La violencia intrafamiliar, el rostro oculto de la pandemia

Aidé (nombre protegido) tiene una boleta de auxilio desde marzo pasado cuando víctima de violencia intrafamiliar.

Aidé (nombre protegido) tiene una boleta de auxilio desde marzo pasado cuando víctima de violencia intrafamiliar. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Elena Paucar
Redactora (I)

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La presión de un zapato sobre su rostro es lo último que recuerda. Aidé (nombre protegido) quedó tendida en el piso, empapada en su sangre. “Me encerró en el baño para golpearme. Hubiera muerto si mi hijo no me encontraba”, recuerda.

La agresión ocurrió en marzo, en los días de confinamiento por la emergencia de covid-19 en Guayaquil. Mucho antes, cuando conoció a su pareja en 2017, la violencia se escabulló en la relación; el encierro solo la exacerbó. “Con la pandemia nos quedamos sin trabajo, sin casa. Fue cuando casi me mata”.

Antes del brutal ataque, Aidé recuerda que llamó al ECU-911 en busca de ayuda. Entre el 17 de marzo y el 30 de abril, en el pico de contagios en el cantón, el sistema receptó 2 255 llamadas por violencia intrafamiliar.

“Logré hacer la llamada, cuando él estaba distraído. Pero me preguntaron tantas cosas: dónde me había golpeado, qué órganos me dolían, cómo llegar a la casa”.

Estos casos representaron el 2% de las 118 548 emergencias que registró el ECU-911 en esos días, cuando se elevaron las alertas médicas. Para Anabelle Arévalo esa baja cifra oculta otra pandemia, la de la violencia contra las mujeres.

“Era poco probable denunciar de forma presencial, de ahí la disminución en las estadísticas del ECU-911 y de la Fiscalía”, explica la gestora de Servicios Integrales del Centro para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), en Guayaquil, quien agrega como factor determinante la presencia permanente del agresor en casa.

La psicóloga clínica estuvo a cargo de la implementación de una línea de atención 24/7. Números telefónicos, direcciones de correo electrónico y formularios en línea fueron propuestas por las organizaciones de defensa de derechos durante el confinamiento.

La línea de Cepam llegó a registrar 20 alertas en un día. También insertaron guías de bolsillo para identificar situaciones de violencia en los kits de alimentos que entregaron en barrios populares del noroeste.

De todas las llamadas, la muerte de mujeres en los días de mayor contagio constituye para Arévalo un indicador inquietante. En una de esas alertas, familiares de una presunta víctima de covid-19 activaron las sospechas.

“Pensaban que estaba en casa, en tratamiento por síntomas leves. Por eso no creen que la enfermedad fue la causa de muerte. Esas defunciones no claras nos dejan sospechas porque había antecedentes de violencia”.

En marzo, la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil también activó una línea y una dirección de correo electrónico. Así lograron ejecutar 180 medidas de protección, como botones de pánico, boletas de auxilio y órdenes de alejamiento.

Vicente Torres, secretario ejecutivo del organismo, explica que hasta agosto contabilizaron 617 llamadas y 929 correos. “Solo en 35 casos se logró poner la denuncia, esto debido a que las mujeres no podían movilizarse y porque el agresor estaba a su lado”.

Para Torres la tecnología fue un soporte en la pandemia, pero cree necesario analizar su alcance. Por eso plantea fortalecer el trabajo en territorio, a través de líderes comunitarios, campañas y con espacios que les permitan acceder a medios temáticos para denunciar.

En el país, el 31,8% de las 10 032 atenciones de la Defensoría Pública durante la emergencia sanitaria fue por violencia intrafamiliar. Michele Portaluppi, defensora pública regional del Litoral, explica que no paralizaron la atención presencial, pero hubo una notable disminución de usuarias.

En Guayaquil, por ejemplo, los fines de semana tenían al menos cinco audiencias de flagrancia por esta causa. En los días de confinamiento apenas no pasaban de una. Como mecanismo de apoyo crearon un formulario a través de su portal web, que se mantiene.

“Por la pandemia, en algún momento, se minimizó o se trataba de llevar a conciliaciones antes de judicializar los procesos. Pero cada vez que nos llegaba una audiencia inmediatamente interveníamos para acompañar a la víctima”.

Aidé acudió sola a la Fiscalía en julio. Aunque se había separado, seguía recibiendo llamadas intimidantes. “Pero lo que oí en esa oficina me decepcionó. Me preguntaron si después no regresaría con él. Quienes vivimos esta pesadilla no merecemos oír esos comentarios”.

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