15 de octubre de 2020 21:05

La venta informal es el sustento para la familia de la mujer con discapacidad que fue agredida en Durán

La mujer de 35 años fue amarrada a una base metálica del edificio del Municipio de Durán y una cinta adhesiva estaba envuelta en su cuerpo. Foto: captura

La mujer de 35 años fue amarrada a una base metálica del edificio del Municipio de Durán y una cinta adhesiva estaba envuelta en su cuerpo. Foto: captura

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Redacción Guayaquil

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Sonia (nombre protegido) había decidido salir a trabajar desde hace un año. Ubicó un pequeño puesto en los exteriores del complejo del Municipio de Durán (Guayas), donde comercializaba varios productos de aseo personal: pasta dental, papel higiénico, cepillos y otros artículos, que en ocasiones, se los regalaban los empleados municipales.

Quería ayudar a mantener la casa. Su madre prefería que no saliera a la calle por su condición de discapacidad física de 60%. Además, los problemas psicomotrices estaban aumentando y presentaba dificultades con el lenguaje.

Pero la familia estaba “pasando necesidades” y “no quería sentirse inútil”, dice la abogada Yolanda Rivera. Ella asumió la defensa de Sonia, la mujer que fue agredida en Durán, la tarde del martes 13 de octubre de 2020. Sonia tiene 35 años, estatura baja y de contextura menudita. Es madre de un joven de 18 años. Y no ha podido contar lo que ocurrió ese día.

La abogada relata que el hecho sucedió entre las 14:30 y las 16:30. Fue amarrada a una base metálica del edificio municipal, una cinta adhesiva estaba envuelta en su cuerpo; también tenía tapada la boca. Una agente municipal, con uniforme azul, la golpeaba en sus glúteos y otro hombre le lanzaba agua helada en la cabeza. De fondo, se escuchaban las risas burlonas. Dos personas involucradas en este hecho están detenidas.

La agresión quedó registrada en un video de 20 segundos, que se difundió en redes sociales el mismo día del acto y generó indignación en la opinión pública.

Rivera presume que la agresión del martes no fue la primera. Actualmente se investiga “si ha sufrido anteriores agresiones. Si esta situación venía desde antes”. Por su condición de discapacidad, era una persona que requería protección, dijo. 

La madre de Sonia, que tiene 61 años, había dejado de trabajar por problemas de salud y la ayuda económica de su otra hija -casada que vive en otra casa- no era suficiente para mantener a la familia. Por eso Sonia decidió trabajar en la venta informal. Su hijo tampoco tiene empleo ni puede estudiar. El papá del chico falleció cuando era recién nacido.

El gobernador del Guayas, Luis Chonillo, pidió la recalificación de las condiciones de discapacidad de la mujer al Ministerio de Salud Pública, y la familia espera la ayuda psicológica.

En Durán 6 566 personas figuran en el Registro Nacional de Discapacidad. Del sexo femenino son 2 704. Del total de personas registradas en este cantón, vecino de Guayaquil, el 42,62% tiene discapacidad física. Esos son los datos publicados en la página web del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades.

Según la Fiscalía, las dos personas detenidas son investigadas por el delito de odio. El artículo 177, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciona los actos de odio con pena privativa de libertad de uno a tres años. Actualmente ambos están con prisión preventiva.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la agente municipal detenida reconoció que ella fue la persona que golpeó a la mujer en la parte trasera. Dijo que “le dio esas nalgadas porque se había dejado hacer eso (amarrar). Ella aceptó que la había golpeado”, señaló Rivera.

El otro detenido es el hombre que grabó el video y lo subió en una página de Facebook. Según la abogada, aceptó que hizo la grabación “porque estaba en contra de lo que le estaban haciendo”. El fiscal Roberto Franco López le preguntó por qué subió el video a las redes sociales y respondió que era porque no estaba de acuerdo con la agresión.

Las investigaciones se mantienen para identificar a otras dos personas que presuntamente participaron en la agresión, el que amarró a la mujer y el que le echó el agua helada.

El juez de Garantías Penales, Manuel Yuquilema, dispuso que en 20 días se debe realizar la audiencia por procedimiento directo, ya que la pena impuesta por el delito de odio no supera los cinco años de pena privativa de libertad.

También dispuso boleta de auxilio y alejamiento para que los agresores no se acerquen a la víctima, a los testigos y a la familia.

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