Valencia dijo que a las autoridades competentes les corresponderá determinar cómo se financiaba este Instituto, el cual habría recibido aportes del Régimen de Venezuela. Foto: Roger Vélez / EL COMERCIO
El canciller, José Valencia, justificó hoy, miércoles 24 de julio del 2019, el cierre del Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (IPPE) y adujo que esto se dio porque no cumplió con los requisitos para su funcionamiento.
Explicó que el Instituto, que fue creado en 2017 por el expresidente Rafael Correa, no proporcionó información sobre la constitución de sus directivas, el objeto de sus actividades y el certificado del Servicio de Rentas Internas (SRI).
“No es una decisión que se oriente sino a la aplicación del cumplimiento de la ley. Eso ocurre con cualquier otra organización de la sociedad civil u organización no gubernamental que esté registrada en la Cancillería y que incumpla con la Ley”, indicó a este Diario.
Valencia sostuvo que inclusive se le concedió “un plazo perentorio” para que el Instituto cumpla con estos requisitos y no lo hizo. “El Instituto presentó una acción de protección y le fue negada por un juez”, apuntó.
El funcionario agregó que a las autoridades competentes les corresponderá determinar cómo se financiaba este Instituto, el cual habría recibido aportes del Régimen de Venezuela.
Valencia acudió esta tarde a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea, en donde presentó un informe trimestral de su gestión.
Sobre el tema también se refirió el secretario Anticorrupción, Iván Granda, quien aseveró que el tesorero de la organización aparece en el expediente del caso ‘Sobornos’, en el cual la Fiscalía indaga asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.
En una rueda de prensa, Granda también reveló que con dinero público se pagó un estudio de mercado para analizar si el australiano, Julian Assange, “tenía posibilidades electorales en su país de origen”.
El canciller Valencia declinó hacer más comentarios hoy en relación a los gastos que se dieron cuando Assange estuvo como asilado en la Embajada de Ecuador en Londres.
Sin embargo, agregó que continúan las investigaciones en relación a que Assange habría incurrido en actos de espionaje durante su estadía en la representación diplomática.
“Nosotros en este punto específico de espionaje no podemos pronunciarnos este rato porque no tenemos los elementos, yo creo que las investigaciones en algún punto van a decantarse en algún sentido. El espionaje es un hecho criminal”, puntualizó.