Unas 50 personas se reunieron para denunciar los retrasos en las entregas de sus viviendas en los proyectos inmobiliarios de Terrabienes. Foto: EL COMERCIO.
Alrededor de 50 personas se reunieron la mañana de este jueves 19 de febrero del 2015 en las afueras de la Fiscalía del Guayas para denunciar los retrasos en las entregas de sus viviendas en los proyectos inmobiliarios de Terrabienes, empresa que fue intervenida a finales de enero por la Superintendencia de Compañías.
La entidad de control dijo que “descubrió varias prácticas que consideró potencialmente peligrosas y con secuelas anómalas; principalmente la mora en el pago de dividendos por emisiones de obligaciones y en la entrega de unidades habitacionales en proyectos inmobiliarios”.
Según el fiscal Paúl Ponce, hasta cerca de las 10:30 se había recibido unas 25 denuncias por estafa. “Ahora que hemos receptado las denuncias, ya se abrió una investigación previa, los fiscales ya están en la diligencia”, mencionó Ponce.
Además de estas denuncias, Ángel Marín, uno de los voceros del grupo de perjudicados, indicó que en la Defensoría del Pueblo se han presentado unas 120 denuncias, aunque el número de afectados sería de alrededor de 1 000 personas por todos las urbanizaciones a cargo de la inmobiliaria.
En el sitio web de Terrabienes se promocionan cinco proyectos habitacionales en la avenida Terminal Terrestres-Pascuales, en el norte de Guayaquil.
“Tengo un documento del Municipio de Guayaquil en el que nos aseguran que no cuentan con los permisos de construcción para Olivos del Río, que es donde yo compré. Ese documento es del 7 de agosto del 2014 y ahí nos corroboran que no tienen autorización ni siquiera de vender solares”, comentó Marín, que ha pagado USD 26 580 por la entrada de su vivienda y ahora exige que le devuelvan su dinero.
En el edificio de la inmobiliaria Terrabienes, en la avenida Juan Tanca Marengo, desde la semana pasada hay un letrero en la entrada, en el que se informa a los clientes que deseen la devolución de su dinero, que deberán acudir al estudio jurídico Castelblanco. Para esta tarde está prevista además una reunión entre voceros de la inmobiliaria y los clientes.
Yadira Flores, que ha pagado USD 19 000 por la entrada de su vivienda en Arcos del Río, asevera que no acudirá a la reunión. Flores cuenta que acudió ayer a una reunión en el estudio Castelblanco y le informaron que “esa reunión es para proponerles a las personas que den el 10% más a la entrada, supuestamente para empezar a gestionar la construcción porque les falta liquidez”, mencionó.
Además de la intervención, la Superintendencia había solicitado el 9 de febrero a la Unidad Judicial Civil del Guayas, que se dicten medidas cautelares para Terrabienes y otras 81 firmas pertenecientes al Grupo Ortega Trujillo y 30 personas naturales. Sin embargo, el 13 de este mes la entidad solicitó para 14 personas y 8 empresas relacionadas con el grupo, la cancelación de todas las medidas cautelares, entre estas la retención de fondos, dineros e inversiones; la imposibilidad de enajenar bienes inmuebles, acciones, títulos, vehículos, la prohibición de salir del país (para las personas naturales), entre otras.