Rafael Correa, Jorge Glas y otros son sentenciados a 8 años de cárcel por cohecho en caso Sobornos 2012-2016

Los exteriores de la Corte Nacional de Justicia estuvieron resguardados por miembros de la Policía. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

Los exteriores de la Corte Nacional de Justicia estuvieron resguardados por miembros de la Policía. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

El expresidente de Ecuador Rafael Correa es hallado culpable del financiamiento ilegal de campaña a cambio de la adjudicación de contratos del Estado a empresarios en Ecuador. Foto: AFP

Rafael Correa fue sentenciado por liderar la red de corrupción que entre los años 2012 y 2016 recibió “aportes indebidos” en el Palacio de Carondelet para el financiamiento de su movimiento político a cambio de adjudicar contratos del Estado a empresarios. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia Ecuador le impuso una condena de 8 años de cárcel por cohecho este martes 7 de abril del 2019, dentro del caso Sobornos 2012-2016.

Desde las 10:00, en tres pisos del edificio de la Corte, norte de Quito, se desarrolló la diligencia por vía telemática, debido a las medidas de distanciamiento social y cuarentena que rigen en Ecuador por la emergencia sanitaria para intentar contener la propagación del covid-19

El juez nacional Iván León (ponente) reveló, antes de la lectura de la sentencia, que el Tribunal considera que el delito está probado, que la Fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción y que la víctima del delito es el Estado.

El Tribunal condenó a ocho años de cárcel al expresidente Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, exfuncionarios como Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado y 12 personas más por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

El Tribunal, conformado por Iván LeónIván Saquicela y Marco Rodríguezcomprobó que los pagos realizados eran reportados a “un nivel jerárquico superior”, es decir al entonces presidente Rafael Correa (2007-2017) y al exvicepresidente Jorge Glas, señaló el juez nacional ponente, desde la Sala de Audiencias del octavo piso de la Corte, donde -además del Tribunal- se encontraban los representantes de la Fiscalía, Procuraduría y parte de la defensa de los procesados. La mayoría de acusados y sus abogados estuvieron distribuidos en salas adecuadas en otros dos pisos del edificio; todos conectados de forma virtual.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, impulsó las investigaciones. Los ahora sentenciados, dijo, formaban parte de una red que recibía aportes ilegales de contratistas del Estado para financiar las campañas de Alianza País y otros eventos políticos. Las investigaciones demostraron que el dinero se entregaba en efectivo o a través del cruce de facturas.

El Tribunal, enfatizó el juez León, determinó luego de 32 días de análisis de pruebas que el expresidente Rafael Correa conocía de los “aportes indebidos” para su movimiento político, a través de sus asesoras presidenciales en el Palacio de Carondelet.

Las asesoras de Carondelet en los años del delito eran Pamela Martínez y Laura Terán. Este martes, los jueces León, Saquicela yRodríguez ordenaron que a las dos se les reduzca la condena por la cooperación que dieron en el caso. Martínez recibió una sentencia de 38 meses y Terán una de 19 meses.

Los exteriores de la Corte Nacional de Justicia estuvieron resguardados por miembros de la Policía. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

El Código Orgánico Integral Penal (art. 280) establece que el delito de cohecho es penado con cárcel de hasta siete años. Según la fiscal general, Diana Salazar, los procesados conformaron una estructura criminal que recibió millones de dólares en sobornos.

El 6 de marzo del 2020, la Fiscal acusó al exmandatario Rafael Correa como autor mediato de ese ilícito y pidió al Tribunal la máxima pena aumentada en un tercio (eso equivalía a nueve años y cuatro meses). Lo mismo solicitó la Fiscalía para Glas; para los exministros Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís y Vinicio Alvarado; para el exlegislador Christian Viteri; para la asambleísta Viviana Bonilla, y para 10 empresarios. El Tribunal aplicó una condena de 8 años.

La Fiscalía no acusó al exasistente de Duarte, Yamil Massuh, porque no se encontraron suficientes pruebas en su contra.

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