El Tribunal de Casación ratificó el 7 de septiembre del 2020 las sentencias por el caso Sobornos. Fotos: Archivo/ EL COMERCIO.
La sentencia del caso Sobornos 2012-2016 entró en su fase de ejecución. La tarde de este miércoles 23 de septiembre del 2020 los jueces Iván Xavier León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela ordenaron a Secretaría que se oficie a la Policía Nacional para que localice y capture a 18 de los 20 sentenciados por cohecho. En ese grupo está el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas, ex funcionarios del anterior gobierno y empresarios.
“Se dispone que por Secretaría -en el transcurso de este día- se cursen los oficios correspondientes, tanto al Comandante General de Policía, como al Jefe de la Policía Judicial, para su inmediata localización y captura”. Tras cumplir con su captura, se deberá informar al Tribunal para emitir las boletas constitucionales de encarcelamiento.
Las capturas están vigentes en contra de Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri, José Hidalgo, Víctor Fontana, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, Pedro Verduga, William Phillips Cooper, Rafael Córdova, Teodoro Calle y Mateo Choi. En esta lista que consta en un reporte de la Función Judicial no están Pamela Martínez, exasesora de Correa y de su colaboradora Laura Terán quienes colaboraron con la justicia en las investigaciones.
Dentro de la ejecución de la sentencia, se detalla que está vigente la pérdida de los derechos de participación de todos los condenados, por un tiempo igual al de la pena privativa de libertad, es decir, ocho años. Por eso se ofició al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que esté al tanto. “Se dispone que por Secretaría -en el transcurso de este día-, proceda con ello”. El Tribunal dispuso adjuntar en el escrito copias certificadas de la sentencia de primera y segunda instancia, así como de la razón de ejecutoría.
En el caso del expresidente y el exvicepresidente se realizaron otras diligencias para que dejen de percibir sus pensiones vitalicias por haber estado al frente del Ejecutivo. “En razón de hallarse ejecutoriada la sentencia condenatoria en su contra, se dispone que por Secretaría -en el transcurso de este día-, se oficie al Ministerio de Finanzas a fin de que de manera inmediata, se deje de pagar tales pensiones”. Esto tiene base en la aprobación de la Ley Humanitaria que dispuso dejar sin pensiones vitalicias a mandatarios que no hubiesen concluido el periodo para el que fueron electos ya sea por cese de funciones de acuerdo a una de las causales establecidas en la Constituciones o, que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, entre otros.
El Tribunal también dispuso el traslado de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, desde su casa en donde cumplía arresto al Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte, en Cotopaxi.
Con relación a la legisladora Viviana Bonilla, el Tribunal dispuso que por Secretaría se oficie a la Asamblea Nacional para que “de manera inmediata se tome nota de la situación jurídica de la antes indicada condenada y, por parte de dicha entidad se tome las acciones pertinentes acorde a su normativa interna”.
En lo que respecta a los temas relacionados con la reparación integral, los jueces dispusieron el pago proporcional que deben cumplir los sentenciados para cubrir los USD 14,7 millones fijado como reparación integral
Con esta orden judicial, los autores por instigación, coautores y autores directo deberá pagar el valor de USD 778 224; y, los cómplices, USD 368 632 a más tardar dentro de los 30 días posteriores a la ejecutoría del proceso. Por eso se dispuso a la Procuraduría en representación de la víctima (Estado ecuatoriano), en el término de 24 horas, proporcione al Tribunal el número de cuenta en que se deberá hacer los depósitos.
Medidas de reparación simbólicas
El Tribunal también precisó cómo deben cumplirse las medidas de reparación simbólicas que deben cumplir los sentenciados. Por ejemplo, la expresión de disculpas públicas se hará en la Plaza de la Independencia en Quito. Todavía está por fijarse el día y la hora.
En cuanto a la colocación de una placa, en el Palacio de Carondelet, el texto que se definió es el siguiente: ‘Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética’. y será escrito en español y quichua. Al igual que la anterior medida, todavía no está definido el día y la hora para cumplir.
El Tribunal también delegó a la Fiscalía y Procuraduría para que realicen las gestiones pertinentes para que adopten mecanismos para que los sentenciados cumplan con el curso de 300 horas académicas sobre ética laica.
Esta ejecución de la sentencia se da luego de que el 7 de septiembre de 2020, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional –con voto de mayoría– acogió el pedido de la Fiscalía y declaró improcedentes los recursos presentados por dieciséis de los sentenciados, al no haberse justificado sus alegaciones.
Ese día, el Tribunal –de oficio– decidió ese día casar la sentencia en dos casos: por errónea interpretación con relación a Pamela Martínez, al señalar que la correcta pena es de nueve meses y quince días, tomando en cuenta su cooperación eficaz. Luego, el 18 de septiembre, el Tribunal de Casación negó los recursos de ampliación y aclaración interpuestos por 13 de los 20 sentenciados al declararlos “no pertinentes”.