Levanta el dedo índice de su mano derecha y dice: “Allí hay cuerpos enterrados”. Lo que señala es un terreno cruzado por un riachuelo de agua verde, maleza y plantas. “Únicamente en este pedazo hay 25 cuerpos”, sigue Lucio Cuarán, mientras camina sobre el lado oeste del cementerio del municipio colombiano de Orito.
Cuarán tiene 52 años y lleva 15 administrando el camposanto.
En este tiempo calcula que debajo de sus pies permanecen más de 100 cadáveres sin identificar (NN) y que otros 37 fueron exhumados por la Unidad de Fiscalías para la Justicia del país del norte.
Según cifras de esa entidad, hasta el 31 de agosto de este año, en Colombia se han encontraron 3 890 fosas comunes. La semana pasada este Diario entró a Orito, en el departamento de Putumayo, y conoció que solo allí se han hallado 438 cadáveres: 103 han sido entregados a sus familiares.
Del lado del cementerio por el que camina Lucio no hay tumbas.
Dos cruces hechas con viejos maderos y plantas de hojas verdes con líneas amarillas que llegan hasta la cintura del sepulturero completan el escenario. “No sé cómo se llaman esas plantas pero las sembré como señal para saber dónde enterré cada NN”.
El panteonero dice que la mayoría de no identificados es de una época marcada por la violencia entre guerrilleros y paramilitares.
Los últimos cuerpos llegaron en el 2004, cuando los crímenes se “volvieron atroces”. Los recuerdos están intactos: “Estaban mutilados, decapitados. Unos tenían el tórax abierto y lleno de piedras”.
Ahora Colombia ha emprendido un nuevo proceso de paz. Ayer, 12 integrantes del equipo negociador de las FARC llegaron a Cuba para los diálogos, que están previstos arranquen en seis días.
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El silencio y la violencia
Orito está a 68 km de Ecuador. Esto es a dos horas de camino desde el Puente Internacional San Miguel, que es la puerta de entrada a Colombia. Allí aparece el primer escenario: una trinchera y policías armados.
Una carretera de dos carriles y hormigón atraviesa al menos cinco poblaciones antes de llegar a Orito. Uno de los pueblos es La Hormiga. La gente tiene temor de hablar. Prefiere no testificar en primera persona y dicen que de la violencia se enteran solo a través de terceras personas.
El jefe policial de esa localidad es tajante cuando se le entrevista: “Nada sobre subversión ni política”. Pero al apagar la grabadora recuerda escenas que ocurrieron hace tres semanas: al ingreso de La Dorada, una población vecina de La Hormiga, una patrulla fue atacada con una granada.
El oficial abre la puerta de una furgoneta blanca. Muestra los rastros que dejaron las esquirlas.
Solo en el techo hay 10 orificios y en el compartimiento donde van los detenidos, la malla metálica se ha despegado. El ataque dejó heridos a tres policías.
El 30 de diciembre del 2011, un artefacto explosivo destruyó una estación de Policía de Orito.
De esa estación, ahora solamente queda un terreno vacío, con hierros retorcidos y paredes cuarteadas de las casas vecinas.
Un policía perdió a su esposa y a su hijo de 8 meses. Los uniformados atribuyeron el delito al Frente 48 de las FARC.
Orito es sobre todo una zona petrolera. “Hace dos meses estuvimos en zozobra. Cada día (la guerrilla) volaba el oleoducto. Es una forma de presionar a la empresa petrolera para que pagaran cuotas y así dejarlos trabajar”, asegura Radamez Murillo, párroco que atiende en la arquidiócesis.
En esta localidad aún hay muertos por la violencia, pero en menor cantidad en relación a ocho años atrás, refiere el sacerdote.
La Fiscalía de Orito confirma esa tendencia: de 30 casos de homicidios que hace cuatro años se reportaban cada mes, hoy tramitan hasta dos denuncias.
El padre Murillo dice recorrer las 36 veredas (sectores rurales) que conforman el poblado.
De estas visitas sale su única constatación: la gente no habla sobre la procedencia del fallecido, dónde lo mataron ni por qué sucedió. “En la mayoría de registros solo dice muerte violenta”.
Las indemnizaciones
En la memoria del panteonero Cuarán quedaron fotografiadas las víctimas antes de su entierro.
Llegaban con botas, ponchos y uniformes. Otros, de civil. En su mayoría jóvenes y hombres de hasta 40 años. “A todos los que venían los atendía (paramilitares y guerrilleros). Antes de irse me decían: ‘¿Usted es el panteonero? Gracias, pero siempre lo tenemos en cuenta’. Con eso ni ganas de ir al rancho a dormir”.
Las exhumaciones en ese Municipio se incrementaron en el 2000. Lo asegura Luis Ramírez, fiscal 37. “Era gente ajusticiada, desaparecida y enterrada por los mismos paramilitares, que no informaban a las familias”.
La recuperación de los cuerpos se dan por dos razones: a pedido de los parientes o por la Ley de Víctimas, que entró en vigencia en el 2011, y que establece que las autoridades deben informar y acompañar a las víctimas en este proceso para la indemnización.
Al cuello de Lucio le rodea un escapulario que termina en un crucifico y sus mullos están pintados de cruces. Lo muestra sentado bajo la capilla del cementerio.
El hombre relata la vez que hizo una caja para un recién nacido. “Puse la cajita sobre su madre. Yo no ponía los muertos uno sobre otro”. Él tuvo ocho hijos en esta región, cinco de ellos descansan en el mismo cementerio que vigila. ¿Qué pasó? Solo hay silencio…
Extorsiones y asaltos
Según Milena Rivadeneira, personera municipal y defensora de DD.HH. de Orito, la delincuencia común es otro problema de la región. En mayo fue capturada una banda dedicada a la extorsión y asalto a mano armada.
Ruth García, ex alcaldesa de Orito, dice que los comerciantes de localidad son extorsionados por grupos armados. “Hasta los vendedores de refrescos, que es una industria muy pequeña, deben pagar”.
En la zona sur de Colombia, el departamento del Putumayo es el que más exhumaciones presenta hasta agosto de este año. 438 cuerpos fueron encontrados en esa región.
Más de 2 000 colombianos marcharon ayer por las calles del centro de Bogotá para manifestarse a favor del proceso de paz que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC instalarán el próximo día 17 en Oslo, reportó la agencia EFE.
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