En la gráfica se observa a un detenido que Ecuador extraditó hacia Colombia, en 2010. Foto: ARCHIVO EL COMERCIO
Los anuncios han sido públicos. En ruedas de prensa, las autoridades han informado que recurrirán a la extradición de al menos ocho personas involucradas en el caso de corrupción de Petroecuador. Los nombres más visibles son el del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, y el del contratista Arturo P., arrestado en Panamá.
Pero, ¿es rápida una extradición? ¿Cuánto tiempo tarda? Este Diario habló con el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Carlos Ramírez, quien admitió que el trámite puede tardar años para que se concreten los pedidos planteados por Ecuador. Y explicó que todo depende de cada país en donde se realiza el papeleo.
En este momento, en la Corte Nacional reposan 10 pedidos realizados por el país desde el 2000 y que continúan en análisis.
Una de las trabas más comunes para que las solicitudes no avancen es la traducción técnica de todos los cuerpos legales que se envían a los países en donde encuentran las personas solicitadas.
Actualmente, la petición para traer a un hombre que se encuentra en Polonia está parada, porque en el Ecuador no hay un perito especializado el idioma local. La mala traducción ocasiona que los trámites sean rechazados y devueltos.
Otro problema es la validación y notarización de documentos. Hay casos en que las naciones en donde se encuentra el extraditable requiere de más documentos legalizados que los entregados. Al no tenerlos, regresa todo el paquete.
Para el excanciller José Ayala Lasso, esto sucede por el desconocimiento de la legislación de otras naciones. Por ello -dice- el asesoramiento legal es fundamental para que esto no ocurra.
El presidente de la Corte Nacional reconoce que sí hay estos inconvenientes, pero advierte que lo solventan con asesoría internacional.
Lo mismo ha ocurrido cuando hay personas con doble nacionalidad. La Convención Interamericana de Extradiciones habla de estos casos y el art. 7 del reglamento faculta a las naciones no extraditar a sus ciudadanos. Pero esa disposición además debe constar en un cuerpo legal adicional.
Por eso, Ecuador ha tenido inconvenientes en traer a personas que están en España.
Pese a esto, Ramírez asegura que desde el 2000, 142 de 165 extradiciones solicitadas por Quito han sido resueltas. El resto no se ha concretado por “distintas razones”.
Dentro de la lista de las 10 personas que aún están en trámite figuran los nombres de los hermanos Roberto y William Isaías, Jamil Mahuad, Pedro Delgado, etc. Todos se encuentran en los EE.UU.
Para el excanciller Francisco Carrión, las extradiciones en ciertos casos se dificultan porque los países “añaden un ámbito político”. Según él, existen gobiernos que dan largas a los trámites para que los casos no se resuelvan de inmediato.
Esto es negado por la CNJ, pues su Presidente asegura que todo es un proceso estrictamente jurídico. Pero admiten que existen países donde el Presidente debe aprobar el retorno de los ciudadanos. Es el caso ecuatoriano, cuando un país solicita la extradición de un extranjero, la Corte aprueba y envía al Ejecutivo para que también dé paso a la solicitud.
La detención de los sospechosos es otro punto que demora los procesos. El Ministerio del Interior corrobora esto y ha pedido a la Interpol que agilite las peticiones.
De hecho, el 17 de noviembre este Diario reveló que 273 pedidos de prisión enviados a la Policía internacional aún no se ejecutan. Pareja Yannuzzelli está en esa nómina desde la noche del 3 de noviembre.
El ahora ministro del Interior, Diego Fuentes, sostuvo en la reunión de este organismo que los fugitivos “disfrutan de los capitales ilícitos en otros países”, pese a tener boletas internacionales de captura.
En contexto
El Ecuador tiene tratados de cooperación de extradición firmados, por ejemplo, con EE.UU., Perú, Chile, Brasil, España, Venezuela, Colombia. Uno de los requisitos para solicitar el retorno de los procesados es que la pena interpuesta sea superior a un año.
