El informe final de la Universidad de Talca sobre el sistema penal en el país fue entregado ayer por la ministra de Justicia Johana Pesántez al presidente del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), Paulo Rodríguez.
Ocho carpetas con más de 1000 hojas de análisis y recomendaciones se pusieron a disposición del CJT para ser tomadas en cuenta dentro del proceso de reestructuración judicial, que arrancó hace cuatro meses.
Justicia mencionó que los puntos claves de la auditoría se basan en el resultado de las 18 000 causas concluidas entre enero del 2005 y finales del 2009, estudiadas por los consultores chilenos.
En estos se refleja un nivel tardío del proceso penal con sobrecarga administrativa y falta de coordinación entre la Fiscalía, Defensoría, juzgados y la Policía Judicial.
“Los expertos determinaron que debe existir mayor utilización de salidas alternativas, pues hay procedimientos que no son utilizados por fiscales y jueces y estos procedimientos acortan el tiempo de los procesos”, sostuvo.
Aunque para la principal de esa Cartera, los analistas encontraron una fortaleza: “Ecuador tiene un sistema penal acorde al nuevo sistema acusatorio”.
Para el presidente del CJT, por medio del estudio elaborado durante nueve meses, se conocerá cómo se ha desarrollado la administración de la justicia penal en los últimos tiempos. “ Sin duda la información servirá para la reforma que los ecuatorianos aprobaron el pasado 7 de mayo”.
En el estudio trabajaron 12 consultores chilenos y 200 estudiantes ecuatorianos de 10 universidades públicas y privadas. Durante la etapa de investigación realizaron entrevistas a funcionarios judiciales, de la Policía Judicial, Fiscalía y Defensoría.
También estuvieron presentes en distintas audiencias celebradas en Pichincha, Azuay, Guayas, Esmeraldas, Manabí, Sucumbíos, Cotopaxi y Santo Domingo.
La tarea que realizó el equipo fue cuantitativa y cualitativa. Uno de los retos de la reforma de la Función Judicial es la transformación del sistema administrativo de los juzgados y tribunales. Según Ignacio Castillo, coordinador del equipo, eso fue lo que cambió la cara de la justicia en Chile. “Se involucró a actores distintos al derecho y al sistema judicial”.
Detalles del estudio
El análisis preliminar señaló que la administración de los juzgados es caótica y se centraliza en el juez y su secretario, con poder total.
Para la realización de este informe, Justicia pagó a Talca USD 1 millón.