Ruth Palacios (izq.) recibió ayer a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Foto: Fiscalía
Luego de que se hiciera pública la renuncia del fiscal General Paúl Pérez, el Consejo de Participación Ciudadana anunció que el Pleno se reúne hoy, viernes 16 de noviembre del 2018, para conocer y aceptar el documentos remitido por el funcionario.
La idea es acelerar todos los trámites para seleccionar al fiscal definitivo, un proceso que se extenderá hasta marzo.
El Consejo de Participación Ciudadana trabaja en el denominado mandato para seleccionar al nuevo Fiscal General del Estado. Estas reglas estarán listas entre hoy y el lunes de la próxima semana.
Mientras se hace la selección, Ruth Palacios estará al frente de la Fiscalía, que cuenta con 3 752 servidores entre auxiliares, analistas en investigación y financieros, asistentes de Fiscalía, agentes fiscales, psicólogos, entre otros.
Ayer 15 de noviembre, Palacios se reunió con la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, quien presentó una denuncia sobre presuntas intimidaciones y amenazas recibidas. De hecho, la Fiscal ya había participado en diligencias judiciales por delegación de Pérez.
Estuvo en la audiencia contra cinco exfuncionarios y dos contratistas de la Secom o en la audiencia preparatoria de juicio del expresidente Rafael Correa por el secuestro de Fernando Balda, en Bogotá.
En este caso, el fiscal saliente fue quien pidió la vinculación del exmandatario al proceso.
Mientras estaba en marcha este último caso, Pérez se encontraba en China. En un documento del 9 de noviembre, la Fiscalía dice que en ese viaje el funcionario saliente se reunió con su par chino Zhang Ju y hablaron de fórmulas para combatir la corrupción, el crimen organizado y el lavado.
Pérez entregó el proyecto de Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal, que recoge las observaciones y sugerencias de la parte china.
La intención es que este documento sea suscrito en la visita de Estado que el presidente Lenín Moreno realizará a esa nación en diciembre próximo.
El Tratado tiene como objetivo que se agilicen los pedidos de asistencia penal que la Fiscalía ha realizado a ese país.
Por ejemplo, en la investigación del caso Odebrecht se detectó la existencia de la ‘offsshore’ Glory International.
De acuerdo al expediente fiscal, en esa empresa se depositaron coimas de la constructora brasileña por USD 5,5 millones. Además, se relacionó a Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, como beneficiario de ese dinero. La idea de la asistencia es que China entregue los documentos de la empresa, los movimientos financieros, las actas de constitución e información respecto a un supuesto empresario de esa nación.
Pérez también ha viajado a México. A inicios de septiembre, participó en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
Entre el 15 y el 19 de octubre viajó a Austria para el Noveno Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional.
El mes pasado, las autoridades reunidas en la Presidencia de la República lo exhortaron para que se establezcan medidas cautelares más severas para garantizar que los procesos de juzgamiento, por delitos contra los recursos públicos, concluyan con las sanciones necesarias.
La Fiscalía conoce denuncias contra once personas que ocuparon altos cargos, mientras Rafael Correa era presidente de la República.
En esa lista se encuentra, por ejemplo, Vinicio Alvarado. En su contra existe un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado por contratos de servicios de asesoría y consultoría en programas de imagen y un plan de marketing de turismo.
Durante los seis meses en el cargo, Pérez pidió, por ejemplo, que se dicte prisión preventiva en contra del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado.
El 9 de mayo participó en la audiencia de juzgamiento de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, por enriquecimiento ilícito.
El 31 de mayo, en cambio, acusó al excontralor Carlos Pólit y a su hijo Jhon, como autores de cohecho, un caso que se desprende de Odebrecht. El excontralor recibió seis años de cárcel y su hijo tres años.