12 de August de 2012 00:01

Redes usan a menores para la venta de droga

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Antes de saludar con un beso en la mejilla retira los audífonos de sus oídos. Una sonrisa expulsa un “¡hola!” y dice: “vamos al parque”.

Llega hasta un pequeño patio, rodeado de árboles y con una virgen en el centro. Son las 21:00 del miércoles. Se sienta en una de las bancas y bajo el reflejo de la imagen dice que hace cinco años dejó de vender droga en las calles junto con su padre. Es Brian (nombre protegido). Ahora tiene 17 años.

El miércoles recordó las escenas de cuando era niño. En las noches, su papá le entregaba una cartera negra con 100 paquetes pequeños con clorhidrato de cocaína. Estaban envueltos en hojas de cuadernos. Los escondía en su ropa interior y los entregaba cada vez que se lo pedían.

Mientras su padre conseguía ‘clientes’, se sentaba a jugar o se distraía con un chocolate. Las instrucciones eran claras: si veía un policía cerca debía retirarse al disimulo y si los agentes llegaban de sorpresa debía botar la cartera.

Esta es una de las modalidades más frecuentes en el uso de niños en el microtráfico. En Quito, los lugares donde más se usa a menores de edad en esta actividad ilegal son La Mariscal y el Centro Histórico. Los datos surgen de una investigación que realiza el experto en temas de seguridad Diego Cando.

Cifras de la Dirección Nacional Antinarcóticos señalan que en el 2011, en el país, se reportaron 349 casos de menores usados en venta de droga al menudeo. El 80% correspondió a varones.

En cambio, desde enero hasta julio de este año se han reportado 246 casos a escala nacional.

La Policía los ha encontrado hasta con 70 ‘tamugas’ o paquetes pequeños de droga de tres gramos de clorhidrato de cocaína o marihuana.

Según un agente, son menores de entre 15 y 16 años, pero también de 9 y 10 años. Los uniformados señalan que por la venta, los niños son pagados con dinero o con droga. Brian sabe cómo operan esas redes. La noche del miércoles un hombre apareció bajo la sombra de un árbol, mientras otro salía de un callejón.

Los hombres intercambiaron pequeñas fundas y dinero en un fugaz cruce de manos. Brian siguió sin decir nada.

El barrio en donde él vive es parte del circuito (lugares de acopio, distribución y consumo) de microtráfico que se inicia en el Comité del Pueblo, pasa por La Bota y llega hasta Calderón.

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Según la Policía, entre enero y mayo de este año, el 13,9% de la droga incautada en el país iba destinada al microtráfico en Quito. En ese tiempo se decomisó 1 tonelada 603 858 gramos de estupefacientes.

¿Qué sucede con los adultos que usan a menores de edad en actividades ilegales?

Pueden ser sancionados bajo el delito de trata de personas. Así lo explica Lorena Dávalos, asesora jurídica del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.

El Código Penal establece que si la víctima es menor de 18 años, la pena para el adulto será de reclusión menor extraordinaria de nueve a 12 años.

Pero si el niño o niña es menor de 14 años, el adulto recibirá reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años. Dávalos indica que en el Proyecto de Código Integral Penal que se debate actualmente en la Asamblea Nacional, ese delito se agrava en la pena.

Es decir, si una persona recibe cárcel por 15 años por tráfico de estupefacientes y usó a menores de edad en el delito, su pena podría aumentar a 17 años, según la propuesta.

En cambio, el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 305, dice que los adolescentes no pueden ser imputados penalmente y no serán juzgados por jueces penales ordinarios.

En el Juzgado Séptimo de Adolescentes Infractores, en Quito, los casos de menores relacionados con tenencia ilícita de drogas se ubican en el tercer lugar, después robos y delitos sexuales.

Su titular, Cecilia Acevedo, explica que las medidas que reciben los jóvenes son ‘ínfimas’ con relación a las condenas que reciben los adultos y por eso su ingreso a esta actividad.

En el Código de la Niñez las máximas medidas son cuatro años de internamiento institucional (aislamiento). Pero también hay otras acciones: amonestación, orientación familiar o servicios en la comunidad.

Brian dice conocer cada callejón de su barrio. “Aquí vendíamos la droga”, relata. Se detiene en un pasaje oscuro de adoquín, que da a una vía principal.

Son las 22:00. Indica a unas personas y saben lo que hacen: “Mira, ellas también venden”, señala con un leve movimiento de cabeza a tres mujeres adultas que a esa hora están con sus hijos en coches para bebé.

Brian conoce a todos y eso incluye a los consumidores. Cuenta que un día un adolescente se le acercó y le ofreció los zapatos que llevaba puestos. “Nos dejaban chompas, camisetas, gorras... hasta su ropa interior (a cambio de alcaloides)”.

La calle queda vacía y los locales ya han cerrado. En ese momento aparece un hombre flaco y de lentes. Él es otro consumidor.

¿Cómo empezó tu padre en la venta de drogas? “No lo sé, siempre me pregunto por qué dejó sus buenos trabajos. Algún día se lo preguntaré”, dice.

La propuesta en debate

En octubre del 2011, el Gobierno propuso juzgar como adultos a los adolescentes desde los 16 años. El planteamiento estuvo en el Código Penal Integral (CPI) hasta junio pasado.

En junio,  la Comisión de Justicia de la Asamblea decidió incluir reformas al Código de la Niñez. El Consejo Nacional de la Niñez, principal crítico de la propuesta del Ejecutivo, aplaudió el cambio.

Si conoce casos  de uso menores en el narcotráfico, puede denunciar al 1 800 delito (335 486). La Policía reservará su identidad.

Los menores  de edad que son   explotados por adultos en  la venta de drogas o con trabajo forzado son llevados a centros de acogimiento.

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