El Consejo de Seguridad Pública y de Estado (Cosepe) declaró al terrorismo como una amenaza que atenta contra los elementos estructurales y la seguridad del Estado ecuatoriano. Esto ocurrió la noche del jueves 27 de abril de 2023.
El ministro de Defensa, Luis Lara, indicó que esta es una respuesta al clamor de la ciudadanía “que está harta de la violencia criminal asociada al narcotráfico y al crimen organizado transnacional”.
¿Qué implica esta declaratoria?
Según las Fuerzas Armadas (FF.AA.), esta declaratoria implica que las fuerzas del orden podrán emplear incluso armas letales para neutralizar a los grupos criminales, que ejecutan actos terroristas.
Para esto, el presidente Guillermo Lasso debe expedir un decreto en el que se establezcan medidas coercitivas, urgentes y eficaces, que incluyan el empleo de armas letales para combatir el terrorismo.
Este viernes 28 de abril del 2023, el ministro Lara dijo que con esa declaratoria “permite a las Fuerzas Armadas iniciar las operaciones militares para enfrentar y contrarrestar la amenaza del terrorismo contra la soberanía e integridad territorial, democracia, derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”.
El titular del Ministerio de Defensa también explicó que, ante actos terroristas, las FF.AA. “no dudarán en poner en práctica toda la experiencia, capacidad y profesionalismo de los soldados. Es hora de decir basta a los criminales y sus aliados”.
En estas operaciones, las FF.AA. tendrán el apoyo de la Policía Nacional para que se cumpla el objetivo de contrarrestar el terrorismo.
El antes y después de la declaratoria del terrorismo como una amenaza
Personal de Fuerzas Armadas indicó que antes de la decisión del Cosepe, algunas acciones de las fuerzas del orden eran reactivas y no preventivas. Es decir, que los grupos criminales eran localizados y capturados luego de que perpetraban ataques violentos contra la población.
Sin embargo, las autoridades aseguran que eso cambiará con la declaratoria del terrorismo como una amenaza.
Ahora, la disposición es que se empleen tácticas, técnicas y procedimientos de investigación e inteligencia policial y militar para localizar y neutralizar a los grupos delictivos, dedicados al narcotráfico y crimen organizado antes de que estos perpetren ataques en contra de la ciudadanía.
Es decir que los uniformados ubicarán los sitios donde se esconden los grupos delictivos y los detendrán antes de que cometan un nuevo ataque. Además, la disposición es que, si los delincuentes usan armas, los militares y policías también harán uso legítimo de la fuerza. Incluso podrán emplear armas letales contra los grupos criminales.
Las leyes que amparan la lucha contra el terrorismo
El Ministerio de Defensa indicó que la lucha contra el terrorismo se ampara en la Constitución, en la Ley de Defensa Nacional y en el artículo 366 y 367 del Código Integral Penal (COIP)
En esa normativa penal se establecen las sanciones contra quienes cometen el delito de terrorismo y contra quienes ayudan a financiarlo.
Una persona comete el delito de terrorismo cuando de forma individual o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o que pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos. Ese ilícito es sancionado con cárcel de 10 a 13 años. Así lo establece el artículo 366 del COIP.
Por otro lado, financiar los actos terroristas tiene una pena de siete a 10 años de cárcel, según el artículo 367 de la normativa penal ecuatoriana.
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