El jueves, un grupo de abogados de Pichincha realizó un plantón en las afueras de la Unidad Judicial Civil, ubicado en el norte de Quito. Foto: EL COMERCIO
Los plantones continuarán hasta ser escuchados. Esa es la consigna que los representantes del Colegio de Abogados de Pichincha (CAP) plantearon al Consejo de la Judicatura (CJ).
Todo surgió por la “inconformidad” con el modelo de gestión judicial, que desde el 2011, se implementó en los juzgados del país, con el entonces Consejo de Transición (CJT).
Ese giro implicó, por ejemplo, que en un litigio los jueces ya no tengan contacto con demandantes, demandados y sus abogados (ver recuadros).
Para estos cambios, el CJT tenía 18 meses y USD 600 millones para modernizar el sistema. Cuatro años después, “el 80% de los abogados (quiteños) cree que no hay cambios”. Ese dato lo reveló ayer José Alomía, presidente de la CAP. Y dice que la cifra fue resultado de una encuesta que en diciembre aplicó a
1 800 abogados locales.
Para el próximo 12 de agosto está prevista una segunda manifestación, pues la de anteayer logró movilizar a unos 30 profesionales. Esta vez se hará frente a la Judicatura.
Pero Karina Peralta, miembro del CJ, dijo ayer que el plantón de los juristas fue una “reunión de amigos”. Y Gustavo Jalkh, titular de la Judicatura, señaló que esa posición es “absurda”. Acusó de responder a intereses políticos e intentar caotizar el sistema.
De allí que recurrió a datos como este: Pichincha tiene una tasa de 12 jueces por cada 100 000 habitantes, que “supera la media de los países de la región”. Otra estadística: la resolución de los juicios en la provincia pasó de 22% en el 2008, al 111% en este año.
‘Aislamiento de los jueces y usuarios’
Uno de los puntos más cuestionados por los abogados es la forma de operar en los juzgados. Pues asegura que la estructura “impide que los usuarios y los abogados puedan acercarse a los jueces o secretarios”, para solicitar el trámite de sus casos.
Ramiro García, vicepresidente del CAP, asegura que este modelo discrimina la profesión porque partiría del prejuicio de que los “abogados son corruptores” de un juez o servidores. Desde el 2012, la Judicatura cuenta con la denominada Justicia 2.0. Este programa tenía como objetivo automatizar la mayor parte de los servicios. De esa forma convirtió los juzgados en unidades judiciales, en donde laboran asistentes, secretarios, técnicos de salas y jueces.
Todos están a cargo de un administrador. Se creó un registro automático de citaciones y notificaciones, expedientes digitales y ventanillas universales y se implementaron 45 739 casilleros electrónicos.
La contratación del personal’
En los últimos cuatro años, el Ecuador pasó de 7 jueces a 11 por cada 100 000, es decir 365 administradores de justicia a escala nacional.
Esto lo elevó en la media latinoamericana. Pero también este Consejo de la Judicatura, como el de Transición renovaron la Corte Nacional; evaluaron a más de 5 600 funcionarios judiciales, construyeron edificios, crearon judicaturas, contrataron guardias privados, etc.
En el 2013, este organismo estimaba que en 36 meses se invertirían USD 1 120,9 millones en 199 obras.
Para los abogados para que este sistema funcione requiere “ingentes recursos en personal que antes no había”. Esto se detalla en la carta con la que anunciaron el primer plantón.
En el documento se indica que las tareas que hace un secretario, ahora pasan por dos o más funcionarios.
Luego de revelar las estadísticas, la Judicatura señala que el sistema es más eficiente.
La polémica por los juicios
Los procesos penales contra los estudiantes del Colegio Mejía son una muestra de la llamada “falta de independencia de la justicia”. Así lo explica el Colegio de Abogados. A esa lista se sumarían juicios del 30-S y el caso de los 10 de Luluncoto, sentenciados por intento de terrorismo.
Este último juicio también fue mencionado en el informe de Human Rights Watch, difundido hace dos semanas. Los procesados solicitaban que se aplicara el principio de favorabilidad y que a así se reduzca la sentencia de un año de cárcel. Ese caso está en casación.
Una de las conclusiones del Human Rights Watch es que los tribunales demoran las audiencias que interesa “a altos funcionarios del Gobierno”. Jalkh dijo que el informe carece de sustento técnico. Un ejemplo de celeridad -dijo- es que de las
2 792 solicitudes de audiencias bajo el principio de favorabildiad ya se realizaron 2 775.
Acerca de las sanciones
La poca acogida de los abogados en la manifestación del jueves fue por “temor a los procesos disciplinarios”. Al menos eso señala Alomía. Desde el 2013, el CJ implementó un sistema de vigilancia de las actuaciones de los jurisconsultos para “evitar las audiencias fallidas” y el retraso injustificado de los procesos.
Sin embargo, estas acciones influyen en el malestar de los agremiados pues para ellos esto deriva en “sanciones económicas y suspensiones. En enero pasado, la CAP indicó que en el 2014 hubo 500 expedientes disciplinarios contra abogados.
Peroun informe de la Judicatura detalla que en el 2013 y 2014, esta entidad sancionó en Pichincha a un solo abogado y por pedido de su cliente.
Además, según el Código Orgánico Integral Penal, los jueces también tienen competencia para aplicar sanciones cuando hay mal comportamiento o inasistencia de un abogado a una audiencia pública.
