Pedro Salazar salió hace tres años de las Fuerzas Armadas y se compró un taxi. Foto: EL COMERCIO
Fueron militares de tropa. Llegaron hasta sargento primero y se retiraron. Después de más de 20 años en los cuarteles recibieron entre USD 48 000 y USD 57 000. Son dineros de la cesantía, un fondo militar que ahora es revisado para “corregir inequidades”.
Esto lo anunció el Gobierno en estos días, pues advierte que los oficiales pueden duplicar esos montos cuando cobran el fondo. Por ejemplo, un oficial con 25 años de servicio recibe más de USD 70 000 por ese rubro, mientras que uno de tropa USD 57 000 por el mismo tiempo.
Pedro Salazar salió del Ejército después de ese tiempo y recibió USD 48 000. A Washington Herrera le pagaron USD
9 000 más por 27 años.
El primero maneja un taxi y el otro atiende a sus clientes en su despacho de abogado. Ambos compraron esos bienes con la cesantía que recibieron.
¿En qué se invierte esos dineros? La Asociación Nueva Visión agrupa a 5 000 uniformados retirados, de los cuales el 90% adquirió viviendas. El resto invirtió en negocios, locales y vehículos.
Las estadísticas de la Confederación de Militares Retirados son similares: el 60% de sus socios compró casas, departamentos, buses, locales y taxis. El otro 40% invirtió en tiendas, ferreterías, bazares, restaurantes, cibercafés, entre otros.
El panorama no cambia en la Asociación de Combatientes del Cenepa. La mayoría de afiliados adquirió propiedades
y el resto negocios, como licorerías, panaderías, etc.
José Jumbo es su presidente y se retiró de las FF.AA. hace 10 años. Lo primero que hizo fue adquirir una casa con los USD
24 000 que le dieron. Con lo que sobró pagó los estudios universitarios de sus hijos.
El anuncio de la revisión de los fondos de la cesantía se hizo público en medio de pronunciamientos oficiales de que el seguro militar no desaparecerá. La entidad registra 29 000 uniformados en servicio pasivo, que han recibido dinero al finalizar sus carreras en el Ejército, Marina y Aviación desde la creación del seguro militar en 1992. Es decir, cada año se paga la cesantía a un promedio de 1 260 uniformados retirados.
264 millones en servicios
En el 2014 se otorgaron prestaciones por más de USD 264 millones. De ese rubro, el 20% se destinó a la cesantía. La mayor parte se fue en pensiones (70%). El resto en fondos de reserva, seguros de vida, gastos funerales, indemnizaciones.
Mientras en el Gobierno se analizan las reformas en las cesantías, Pedro Salazar recuerda que compró el taxi con un puesto de trabajo en una cooperativa del sur de Quito en USD 25 000. Con el resto también financió los estudios de sus hijas. Pese a que tiene una pensión mensual de USD 1 200 por jubilación, trabaja desde las 06:00 hasta las 21:00. Durante los fines de semana lo hace en horas de la madrugada.
Acude a las reuniones que se realizan en la asociación de Voluntarios de la Fuerza Terrestre y espera que se cumpla lo ofrecido por el Régimen hace una semana: que haya “un sistema de cesantía más racional porque (el actual) es caótico”.
Pablo Terán es secretario general de la Confederación de uniformados en servicio pasivo y está de acuerdo con la revisión, pero siempre y cuando se beneficie a la tropa.
Alberto Molina, en cambio, es coronel en servicio pasivo del Ejército. Manifiesta que la diferencia en la cesantía radica en que los oficiales aportan más dinero que la tropa cuando eran militares activos.
Para la cesantía de un militar, el aportante paga el 6,25% de su sueldo y el Estado igual. “Si se retira antes de los cinco años no le devuelven nada. Es su plata y deben devolver al menos su aporte. Esa plata sirve para financiar la cesantía de los altos oficiales, que no es en función de su aporte ni del Estado, sino es superior a eso. Salen con mucho más de lo aportado por él y por el Estado durante la carrera. Eso no es justo”, dijo el presidente Rafael Correa.
De acuerdo con el reglamento del 2013 del seguro militar (art. 3) tienen derecho a la cesantía los militares que acrediten mínimo 20 años de servicio activo y efectivo.
En el artículo 6 de esta misma norma se dice que quien es dado de baja sin haber acreditado cinco años activo en la institución no tendrá derecho al beneficio.