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El linchamiento de Posorja cambió sus vidas

Israel es cuidado por su madre, luego de que su padre muriera linchado en Posorja. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Israel es cuidado por su madre, luego de que su padre muriera linchado en Posorja. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

María está a cargo de la custodia de cuatro nietas, tras la muerte de su hijo y su nuera. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Una fotografía que cuelga en la sala mantiene vivo el recuerdo de Ronald y Jacqueline. La pareja murió en Posorja el 16 de octubre del 2018. La imagen tiene la frase: “Los amaremos y los llevaremos en nuestros corazones”.

María (nombre protegido), madre de Ronald, tiene la custodia de sus cuatro nietas, de 15, 11, 5 y 2 años. Ellas tuvieron que recibir ayuda del psicólogo para afrontar el hecho. “Cuando lincharon a sus padres vieron los videos por redes sociales. Saben cómo murieron”.

María prefirió no llevarse a las niñas a su casa para que el cambio no las afectara. Así que una tía materna se mudó al hogar que compartían con sus padres. Ella las visita cada fin de semana y las lleva a pasear.

La visitadora social de una entidad del Estado constantemente llega para supervisar el estado de las niñas.

El pasado 14 de octubre del 2019, la jueza Odalis Ledesma sentenció a 11 procesados. A siete de ellos les impuso la pena de 34 años, como autores del delito de asesinato; a los otros cuatro, a 17 años, como cómplices.

El linchamiento de tres personas en Posorja, una parroquia del cantón Guayaquil, causó conmoción en el país. Ese día, las víctimas fueron sacadas de la Unidad de Policía Comunitaria por una muchedumbre enfurecida. Las apalearon, las golpearon y las quemaron. Las señalaban como supuestos secuestradores.

La otra persona que murió con la pareja era un amigo cercano, Mauricio (44 años). La madre de Ronald recuerda que su hijo conducía un taxi alquilado y había viajado a Posorja para hacer cobros de la venta de ropa que hacía Jacqueline. Ambos tenían 35 años.

Los tres eran amigos. Vivían en el mismo barrio de Guayaquil y solían trabajar en el comercio, dicen sus familiares.

Cuando Mayra (nombre pro­tegido) recibió la noticia de la muerte de su exesposo Mauricio no sabía cómo contarle a su hijo. Ella pidió ayuda a la psicóloga del centro de salud. Israel tiene 18 años, sufre de parálisis cerebral y está postrado en una silla de ruedas.

Israel es cuidado por su madre, luego de que su padre muriera linchado en Posorja. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Mayra escogió el recuerdo de la muerte de su madre para hacerle entender a Israel que su padre no volverá. Él pagaba sus medicinas. Cubría todas las necesidades, lo visitaba a diario, salían a comer y paseaban. Una de las cosas que más los unía era el fútbol. Eran hinchas de los equipos del Astillero, él amarillo y su padre azul.

Disfrutaban los clásicos, cada uno alentando a su ídolo. Ahora solo quedaron los recuerdos de aquellas tardes de juego. Israel pasa en la vereda de su casa. Allí observa a las personas caminar y trata de entretenerse con algún vecino. Su madre se encarga de sus cuidados. Debido a su discapacidad, Israel requiere de ayuda para comer, bañarse y vestirse.

Mayra trabaja en su casa: hace manualidades en cartulina. Lo que gana sirve para comprar las medicinas de su hijo. Una caja de relajante muscular cuesta USD 200. Debe tomar dos pastillas al día. También recibe cada mes el bono estatal Joaquín Gallegos Lara, de USD 240, que entrega el Gobierno a personas con discapacidad. Ella también tiene una hija de 10 años, de otra relación. Por eso clama por una ayuda económica.

Esa realidad es similar a la que vive María con sus cuatro nietas. La época escolar es la más dura. El año pasado ya tuvo que cambiarlas a una escuela pública. Las maestras las ayudaron a nivelarse en los estudios. Debió comprar los uniformes y los útiles nuevos.

Para cubrir los gastos, trabaja en el cuidado de un niño. Pero el sueldo no es suficiente. Tampoco recibe ayuda estatal.

Hay una esperanza para las familias. El abogado Roberto Malagón señala que la jueza dispuso que cada uno de los procesados deberá pagar USD 15 000 como reparación integral. Pero la sentencia oral no ha sido notificada por escrito.

Christina Ochoa, abogada de uno de los procesados, no está conforme con la decisión judicial. Considera que las penas son excesivas y apelará la sentencia. Su cliente fue sentenciado a 34 años, como uno de los autores materiales.

Además, señala que durante el proceso no se presentaron pruebas contundentes. Cree que existen testimonios, videos y fotos para vincular a algunos de los procesados como autores directos, pero se los implicó como cómplices.

“Un policía identificó a mi defendido como autor de desmanes. Nunca lo
vieron agrediendo a nadie y lo sentencian a 34 años como autor material”.

La sentencia no borra el dolor de María. Dice que el asesino principal de su hijo está en libertad. “En el video se reconoce al hombre que le dio un combazo en la cabeza. Nunca me voy a olvidar de su rostro”.

Extraña las conversaciones que tenía con Ronald. Cuando murió encontró consuelo en los ‘chats’ que mantenían. Conserva sus mensajes de voz en el celular. “Trato de no escuchar los audios, el día de su cumpleaños no pude evitarlo”.

En contexto

Por el linchamiento de las tres víctimas en Posorja se procesó a 20 personas. Once fueron sentenciadas por el delito de asesinato y ocho continúan prófugas. El pasado 23 de septiem­bre se capturó a otro implicado y se iniciará un proceso en su contra.