Así están bloqueados los accesos a la Fiscalía del Carchi. Ningún vehículo particular puede transitar por este lugar. Foto: Francisco Espinoza para EL COMERCIO
Una sensación de frío recorrió su cuerpo en segundos. El mensaje que dejaron en la casa de un juez de Esmeraldas decía esto: “Te vas a morir”.
Entre los expedientes que había manejado este juez constaba uno que involucraba a una organización criminal y otro relacionado con narcos.
Ese día, el funcionario pidió seguridad permanente. Pero mientras le asignaban un policía contrató dos guardias para que vigilaran su casa, pues dice que no se sentía seguro ni en el juzgado ni en su casa.
Esa misma semana invirtió USD 2 500 en un sistema de seguridad con videocámaras, y en una cerca eléctrica alrededor de su vivienda. Han pasado dos años desde que recibió esa primera amenaza y desde entonces mantiene la seguridad, pues su perfil y el de su familia todavía son de alto riesgo.
Actualmente, cuatro jueces de la frontera norte reciben protección policial las 24 horas. Dos de ellos están en San Lorenzo, en donde estalló un coche bomba en enero del 2018.
El temor entre el personal judicial que opera en la línea fronteriza obedece a la violencia desatada en los límites con Colombia. De hecho, ellos han tramitado juicios por terrorismo, por tráfico de drogas y de precursores químicos usados para elaborar cocaína.
En Esmeraldas trabajan 59 magistrados. De ellos, algunos han recibido amenazas de muerte en este año. La Judicatura dispuso un trabajador social y un psicólogo para que apoyen emocionalmente a los funcionarios atemorizados.
“Es un miedo constante. Desde hace dos meses no hago nada más que ir a mi casa y al trabajo. Vivo con un policía las 24 horas. He perdido mi intimidad”, dice un juez que recibe protección, en esa provincia.
El Ministerio del Interior reporta que en toda la frontera norte, 27 funcionarios públicos tienen resguardo policial. En esa lista están judiciales, alcaldes, políticos y directores de instituciones públicas.
Desde el ataque al cuartel policial de San Lorenzo, en las dependencias judiciales de las ciudades fronterizas también se han instalado dispositivos de seguridad que incluyen perímetros de resguardo y escoltas de la Policía Nacional.
Además, cuentan con sistemas de videovigilancia, arcos de metal, controles de acceso, detectores manuales de metales, sistemas de identificación y protocolos de seguridad específicos para cada dependencia que ha sido evaluada.
En San Lorenzo, personal del GIR y del escuadrón antiexplosivos inspeccionan las oficinas judiciales.
Desde hace dos semanas, por ejemplo, las calles que rodean a la Fiscalía de Tulcán también están cerradas con vallas. Así permanece las 24 horas.
Sus autoridades dicen que la medida es una acción de prevención ante posibles atentados. Esa dependencia activó los protocolos de seguridad, en coordinación con la Policía.
Actualmente, en Carchi no hay fiscales ni jueces con protección personal. En el 2017, en cambio, un fiscal tuvo que trabajar con un escolta.
Él recuerda que recibió llamadas telefónicas amenazantes, exigiendo que desistiera de investigar un caso de narcotráfico. Le dijeron que si insistía pondría en riesgo su integridad y la de su familia. “Inteligencia evaluó mi riesgo y dijo que ya pasó. Pero aún ahora ser fiscal en frontera genera siempre inseguridad y estrés”.
Desde el 2017, el Consejo de la Judicatura tiene el ‘Instructivo de Seguridad Individual para Jueces y Fiscales’. Esa guía determina en qué casos y con qué pasos se debe aumentar la seguridad para funcionarios. También se incluye la protección de las unidades judiciales.
