28 de January de 2012 00:00

Los judiciales despedidos podrán pedir recalificación hasta el martes

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Leonardo Paredes, auxiliar de Servicios del Juzgado Penal XIII, revisaba cada 15 minutos su correo electrónico. “Supe que las notificaciones nos iban a llegar por e-mail. Desde que comenzaron las evaluaciones vivimos en incerti-dumbre”, manifestó.

Hasta las 17:00 de ayer (hora de salida), los 5 965 empleados de la Función Judicial a escala nacional esperaban con nerviosismo que les dijeran si continúan o no en los cargos. Esto, tras el proceso de evaluación al que fueron sometidos por parte del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), como parte de la reestructuración del sistema justicia a escala nacional.

“¿Quiénes van a reemplazar a los funcionarios que salgan? ¿Cómo se va a contratar al nuevo personal?”, eran las preguntas que se hacían los funcionarios en los pasillos de los juzgados. Fernando Yávar, vocal del CJT, no descartó que ciertas vacantes sean cubiertas bajo la modalidad de contrato.

Agregó que los reemplazos de jueces y fiscales que no pasen la evaluación serán elegidos por concurso de méritos y oposición.

Esas afirmaciones las realizó durante la inspección que realizaron los miembros de la CJT, a las 11:00 de ayer, al nuevo edificio de la Función Judicial en Guayaquil.

Antes de comenzar el recorrido, Paulo Rodríguez, presidente del CJT, explicó que los judiciales que no estén satisfechos con sus puntajes podrán solicitar la recalificación hasta las 18:00 del martes próximo. Al ser consultado sobre el número de personas que dejarán la función tras las evaluaciones, respondió que “una vez revisados todos los pedidos de rectificación se dará esa cifra”.

En Quito, las puertas del Palacio de Justicia se abrieron a las 08:00 de ayer. Tres policías se ubicaron en el acceso principal, el ambiente era de impaciencia porque los resultados no se daban a conocer. “La situación nos pone tensos. Estamos preocupados, incluso un compañero de Pagaduría estuvo en terapia intensiva”, precisó la jueza III de la Niñez y la Adolescencia, Lucía Encalada.

En el segundo y tercer pisos del edificio Benalcázar 1 000, ubicado en el centro de la capital, la situación era similar. Allí, los funcionarios no se fueron a sus casas, a las 17:00, y esperaban los resultados. “Las evaluaciones nos han tenido a mal traer los últimos meses. De mi parte, estoy listo para salir de la institución. Me he preparado con una maestría en Derecho Empresarial, he guardado dinero y me he planteado traba-jar en libre ejercicio”, manifestó Luis Curillo, auxiliar de servicios del Juzgado III de Inquilinato.

No hubo policías ni patrulleros en las afueras del edificio del Pa-lacio de Justicia. La atención al público fue normal.

En la Corte de Justicia del Guayas, en el centro de Guayaquil, los funcionarios no recibían sus calificaciones hasta la mañana de ayer. “Han de esperar hasta fin de mes para avisarnos, ya que la gente que tenga que salir, luego no viene a trabajar”, comentóÁngela T., secretaria de uno de los Juzgados de la Niñez y la Familia.

La mañana de ayer, en los pasillos de la Corte, los funcionarios no aceptaban ser entrevistados. Tampoco accedieron a que les tomaran fotografías. Solo se limitaban a confirmar que no habían recibido el puntaje de sus evaluaciones vía correo electrónico.

Mariela N., ayudante de uno de los tres Tribunales Penales del Guayas, relató que semanas antes de las evaluaciones les pidieron a los funcionarios judiciales el correo electrónico, el número de teléfono y la dirección de domicilio. “Luego confirmaron los datos”, dijo. Por lo que, para ella, “solo es cuestión de esperar”.

En la tarde, Jorge Ayala, presidente de la Asociación de Judiciales de Pichincha, señaló que la Judicatura no realizó las notificaciones porque “se hubiera ocasionado un caos generalizado en la función judicial por los despidos”.

Por eso, el dirigente enfatizó que lo más probable es que los funcionarios se enteren de sus calificaciones durante el fin de semana. “Cuando conozcamos los resultados, vamos a plantear las impugnaciones correspondientes y exigiremos la rectificación de los puntajes”, precisó.

Incertidumbre en   Tungurahua

La atención   al público  en   la Corte de Justicia de Tungurahua fue normal ayer.  Pero los 150 funcionarios que laboran  allí   esperaban los resultados de las pruebas psicológicas y de conocimientos a las que fueron sometidos por la     Judicatura, el año pasado.

Por eso, en  los pasillos y  en   las oficinas el ambiente entre los judiciales fue  de incertidumbre.

Hasta  las 15:00 no  llegaban   las notificaciones vía  e-mail.

Mauro Real, director del Consejo de la Judicatura en Tungurahua, dijo que las personas que sean notificadas no dejarán en forma inmediata sus cargos.   “Permanecerán   hasta que sean legalmente reemplazadas”.

A  quienes salgan  en estos días se sumarán los 37 funcionarios (jueces, secretarios, ayudantes)  que el año pasado se acogieron a la renuncia voluntaria, la jubilación o al plan institucional de desenrolamiento de la Función Judicial.

Milton Tibamlombo, presidente de la Asociación  Provincial  de Judiciales, explicó que luego de la evaluación los resultados debían emitirse el 26 de este mes. “Hay expectativa e incertidumbre de lo que pueda ocurrir”.

Indicó que de acuerdo al reglamento de evaluación,  quienes no completen 70 de los 100 puntos en las pruebas deberán  salir.

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