El presidente del Consejo de la Judicatura propone que los funcionarios públicos que hayan sido sentenciados por agredir a una mujer o miembros de la familia queden inhabilitados de sus cargos de forma definitiva. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El anuncio se hizo la mañana de este jueves, 24 de noviembre del 2016. Durante el evento de conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, informó que el 25 de noviembre enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la ley orgánica de servicio público.
La idea es plantear una propuesta para que los funcionarios públicos que hayan sido sentenciados por agredir a una mujer o miembros de la familia queden inhabilitados de sus cargos de forma definitiva.
El proyecto propone que dichos funcionarios no puedan acceder a un puesto de trabajo en ninguna entidad estatal durante dos años.
Con esto se quiere evitar que los empleados públicos provoquen agresiones contra la mujer. Por eso Jalkh señaló que en el tema de violencia debe haber una legislación radical que permita al agresor reflexionar sus acciones y en el caso del sector público, “por lo menos le disuada el hecho de que puede perder definitivamente su trabajo”.
El anuncio del principal de la Judicatura se realiza tras la suspensión de 90 días del juez, Josafat J., quien habría protagonizado un incidente con la Policía y su expareja el pasado 12 de noviembre.
En videos difundidos por redes sociales se observa al magistrado agredir verbalmente a agentes que lo detuvieron por generar un escándalo en los exteriores de la casa de su expareja.
La Policía informó que la mujer llamó a los gendarmes para activar una boleta de auxilio que tenía en contra del Juez.
Por eso, la Judicatura abrió un proceso sumario administrativo en contra del servidor judicial.
