En la entrada del edificio, ocho personas hacen fila para subir en uno de los dos ascensores que sirven a los 11 pisos. Solo pueden entrar cuatro personas a la vez, pues son antiguos. “Si hay más peso es peligroso”, explica el guardia que se encarga de distribuir a la gente y vigilar que la fila no se desordene.
Dos pisos más arriba, en toda la planta se distribuyen más de 15 escritorios separados entre sí por aproximadamente un metro. Allí funcionan dos juzgados de tránsito y tres juzgados adjuntos. El escritorio de la esquina pertenece a un juez, que dirige una audiencia en medio de las otras mesas de trabajo. No hay oficinas.
Es el edificio Pichincha, ubicado en el sector del Consejo Provincial, en el centro norte de Quito. En los 11 pisos trabajan seis juzgados de tránsito y sus adjuntos, tres de familia, niñez y adolescencia y la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ).
Esa construcción fue arrendada en febrero del año pasado, tras la salida de los judiciales del Palacio de Justicia. La Dirección de la Judicatura de Pichincha paga USD 10 000 mensuales por su arriendo.
En total 17 inmuebles son rentados en Pichincha para el funcionamiento de las dependencias judiciales. En Quito, el pago mensual de arriendos llega a USD 59 312, para siete edificios (ver infografía), distribuidos entre el sector de La Y y La Alameda. Otros juzgados atienden fuera de la ciudad.
Por más de dos años, el edificio Condhor, donde actualmente funciona la Sala Penal de la Corte de Pichincha no ha sido remodelado.
“La reforma en infraestructura en la justicia no ha llegado a la capital”, asegura un juez de lo Civil que pidió la reserva.
Desde 2012, se han suscrito cuatro contratos de remodelación, realizados en el edificio Pichincha y en el Clavijo, donde está el Tribunal de lo Fiscal, en la Alemania y Eloy Alfaro.
Tras la salida del Palacio de Justicia, también fue necesario contratar dos bodegas para el archivo provincial. Se invierten USD 14 853 mensuales.
Nuevo edificio para Corte
Por el momento, la prioridad del Consejo de la Judicatura es solucionar la dispersión en la Corte Provincial de Pichincha, que funciona en dos edificios, el uno en malas condiciones.
“El primer semestre de este año vamos a adquirir un edificio nuevo, donde operará toda la Corte. Ya tenemos dos opciones”, asegura Gustavo Jalkh, titular de la Judicatura.
Otra de las prioridades, en el campo de infraestructura, es la construcción de dos complejos judiciales donde estarán todos los juzgados, en el norte y sur de la ciudad.
Jalkh asegura que se prevé que estén listos hasta fines del 2015. “Ya tenemos los terrenos. El sistema de contratación para el diseño, la ingeniería y los estudios de suelo definitivos ya están listos”.
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En los próximos meses se realizará una licitación pública para la contratación del constructor, prevista para el segundo semestre de este año.
El complejo norte estará ubicado en la av. Amazonas y Pereira, frente a la Administración Norte del Municipio, en un terreno que pertenecía a Petroecuador. Es un predio de más de 8 000 metros cuadrados, en el que se prevé una inversión de USD 34,9 millones.
Mientras que en el sur, la unidad estará en Quitumbe, en la av. Matilde Álvarez y Rumichaca Ñan, con una inversión de USD 29,9 millones. El terreno tiene 12 000 metros cuadrados.
Un contrato suspendido
Los usuarios se muestran molestos por la falta de accesibilidad en algunas construcciones. “Nos toca subir y bajar por las gradas para llegar hasta el último piso, donde son las audiencias, porque el ascensor está dañado”, asegura Martha Chango, madre de un acusado en un proceso penal. Ella visitó el viernes el edificio Jácome, ubicado en el sector de La Y.
Ese inmueble tiene seis pisos, pero una tabla de madera cubre el ingreso al ascensor en la planta baja. La mensualidad es de USD 6 800.
Allí funcionan 10 juzgados penales, uno de niñez y uno de contravenciones. Fueron ubicados en esa construcción en octubre del 2012. Ese mes, los judiciales salieron del Palacio de Justicia, que fue vendido a la Asamblea.
La Judicatura de Transición, reemplazada hace más de un año, ofreció en ese entonces que, para diciembre de ese año, estaría listo el complejo de El Pedregal, que se construía en el sector de La Pulida, en el noroccidente de Quito.
Sin embargo, el proyecto nunca se concretó. La construcción no tenía permisos municipales y el terreno estaba dentro de un litigio para su expropiación e involucrado en un caso de lavado de activos.
Terminada la transición, que estuvo a cargo de Paulo Rodríguez, Jalkh suspendió esa contratación por una serie de dificultades y denuncias, que son investigadas por la Contraloría. “No nos parecía adecuado construir en terreno en las faldas del Pichincha. Por eso paramos la construcción. Aunque un nuevo proceso tomará más tiempo, será mucho más eficiente”, aseguró.
_En contexto En más del 90% del país, la Judicatura ha construido complejos judiciales, dentro del proceso de reforma. En Quito, las dos nuevas unidades, en el norte y sur, estarán listas en el 2015. Hasta mediados de año se adquirirá un nuevo edificio para la Corte Provincial.