Este 1 de febrero del 2019, el subsecretario Iván Granda acudió a la Fiscalía para dar su versión voluntaria. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
La Fiscalía tiene en su poder los nombres de los 17 testaferros vinculados a altos exfuncionarios de Rafael Correa.
Iván Granda, subsecretario de Acción Política, presentó este viernes 1 de febrero del 2019 una denuncia en contra de ellos. Lo hizo por escrito, en una ventanilla de la Fiscalía General, minutos antes de ingresar a la entidad para dar su versión libre y voluntaria.
“Son 17 nombres que involucran a distintos ciudadanos que han tenido relaciones con altos funcionarios del gobierno anterior y que tendrían presuntas responsabilidades en delitos contra la administración pública y testaferrismo”.
Para dar su versión, que se realizó de forma reservada, ingresó acompañado de Johanna Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia.
La comparecencia de Granda se da luego de que el funcionario confirmara a este Diario que llegó a acuerdos verbales y por escrito con testaferros del anterior gobierno, para que entregaran información a la justicia y que a cambio recibirán beneficios cuando se apruebe la Ley Anticorrupción y de Protección del Denunciante.
Tras estas afirmaciones, Palacios citó dos veces al Subsecretario. El primer llamado fue el jueves a las 15:30, cuando Granda estaba en Cuenca.
15 minutos después de que no llegara, lo llamó para que compareciera este viernes a las 14:30.
La premura con la que Fiscalía atendió este caso fue criticada por la Presidencia. “Esperemos que así se actúe en los casos de corrupción denunciados por el Gobierno Nacional”, indicó la entidad en un boletín.
De hecho, la Presidencia ha presentado 500 denuncias de corrupción del régimen anterior. Estas quejas se basan en informes de la Contraloría, en los que 317 exfuncionarios fueron detectados con indicios de responsabilidad penal.
Este viernes, Granda defendió el trabajo que hace la Subsecretaría en la lucha contra la corrupción y dijo que respeta la separación de funciones entre el Ejecutivo y el Judicial.
“Hemos comparecido para hacer lo que sabemos hacer: trabajar en función de un país honesto y transparente”.
Y aclaró que no existe una competencia entre el trabajo de la Fiscalía y el suyo. “La Fiscal tiene la oportunidad, capacidad y es la dueña de la acción penal (responsable de conducir las investigaciones en el ámbito penal)”, agregó.
El jueves, Palacios dijo que conoció a través de la prensa sobre los acercamientos y acuerdos con los 17 testaferros. Además, explicó que tales convenios respecto de la entrega de información a cambio de beneficios legales solo tienen validez si se hacen dentro de un proceso penal y mediante la figura de la cooperación eficaz.
Granda sostuvo que colaborará con la Fiscal “de la forma que ella crea conveniente. Sea una versión o simplemente una comparecencia a su oficina, como lo hemos hecho, o llamadas telefónicas, como lo hicimos el martes”.
Pesántez, de su lado, dijo que la Presidencia había pedido el archivo de esta investigación, porque la Fiscalía citó en la apertura del expediente el artículo 277 del Código Integral Penal (COIP). Este se refiere a una contravención cuando un funcionario conoce un ilícito y no lo denuncia. Por esa razón tampoco había “sustento” para pedir la comparecencia.
Sin embargo, el COIP -en los artículos 586 y 587- señala que para archivar una investigación, el fiscal debe solicitar la autorización al juez y fundamentar las razones por las que pide el archivo del caso.
Uno de los requisitos legales es que luego de que se termine el plazo de indagación no se hayan obtenido las suficientes evidencias para confirmar que se produjo un delito o para identificar a los responsables.