30 de August de 2011 00:01

Inquietud en la Policía por fallos a favor de agentes sancionados

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El policía fue encontrado con droga en su domicilio y dado de baja en el 2003. Ocho años después, el gendarme pidió que se le reconocieran sueldos, bonificaciones, condecoraciones, aportes al Instituto de Seguridad Social de la Policía y cesantía. El monto del reclamo es de USD 70 000.

Otro agente, en cambio, fue dado de baja el 22 de enero del 2007. El Tribunal de Disciplina determinó que con documentos falsos él trataba de matricular en Quito un vehículo.

Pese a ello fue reintegrado a la entidad uniformada luego de que en el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Pichincha se aceptara una acción de amparo.

Estos y otros casos constan en un informe de Inspectoría de la Policía en el que se incluyen los recursos interpuestos en la justicia entre enero de 1998 y julio del 2010. Allí se dice que en ese período, 344 policías han sido reincorporados por los jueces, pese a que fueron dados de baja.

En el documento se señala que el grupo ha sido separado de la institución, por ejemplo, por mala conducta, ausencia ilegal, sentencia condenatoria, etc.

Los niveles de retorno inquietan a los comandantes. “Hemos dado de baja a cientos de gendarmes, pero estamos muy preocupados porque malos elementos han regresado la institución. Los jueces no entienden la gravedad de sus decisiones”, señaló el jefe de Estado Mayor, general Wilson Alulema. Estas declaraciones las emitió hace dos semanas, cuando se presentó el Plan Anticorrupción para la Policía.

En el informe de Inspectoría se cita casos como el de un uniformado que retornó a la institución por orden del Juzgado Vigésimo Segundo de lo Civil de Pichincha. Allí se aceptó la acción número 21-2010 presentada por el gendarme, quien fue dado de baja por el Tribunal de Disciplina de Morona Santiago.

La sanción -dice Inspectoría- se produjo por “mala conducta notoria al haberse sustraído una pistola de un compañero y tratar de venderla al propio dueño recibieron un depósito de USD 3 000 en su cuenta bancaria”.

Este Diario accedió a seis casos en que el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció ante pedidos de policías separados y todos los fallos fueron favorables y se acogieron las demandas.

En la Resolución número 0242-2006 RA, por ejemplo, el TC aceptó la acción interpuesta por el agente Rolando C., a quien se sancionó por supuesto robo de un arma.

El hecho habría ocurrido el 21 de mayo del 2005 cuando los policías Marco Ch. y Marcelo B. salieron a practicar deporte y dejaron sus pistolas en la caja de este último. En los expedientes que reposan en el TC se detalla que Rolando C., en efecto, tomó las pistolas, pero porque la caja “estaba semiabierta”. Y como no había compañeros a quienes comunicar se las llevó a la casa de su madre, “sin intención de robar o sustraerse”. Fue en ese domicilio donde fue detenido.

En su fallo, el TC dice que “el Tribunal de Disciplina no tenía competencia para sancionar al recurrente”, pues el caso estaba en la justicia ordinaria.

El policía Marcelo M. también recurrió al TC y en su demanda denunció que por una supuesta mala conducta fue ilegalmente dado de baja el 21 de octubre del 2002. Según el gendarme, la decisión se tomó porque el 6 de octubre de ese año, en El Guabo-El Oro detuvo a Abel M., con 11 sobres de base de cocaína en su poder. Y el Consejo de Clases determinó que el arresto fue irregular.

En la Resolución 2002-019-CCP-PN, el Consejo de Clases y Policías declaró que el comportamiento del uniformado “ha lesionado gravemente el prestigio de la institución”.

En sus consideraciones, el TC determinó que en el acta de sesión extraordinaria del organismo interno de la entidad del orden “no se indica con claridad y exactitud las normas y los supuestos de hecho en que se basa la acusación en contra del ahora demandante”.

Ante casos como estos, Alulema criticó a los jueces. Y en la ceremonia de graduación de 422 policías en la Escuela de Formación José Emilio Castillo Solís (Tambillo-Pichincha), realizada la semana pasada, el ministro del Interior, José Serrano, anunció que investigarán internamente para determinar si hay o no miembros de la entidad involucrados en las muertes ocurridas en Quinindé-Esmeraldas.

“Hemos dado las disposiciones al mando policial, para que se realice una investigación a fondo a través de Inspectoría y Asuntos Internos. Esos departamentos indagarán y esto no puede suceder”, sostuvo.

Un informe oficial señala que únicamente en Esmeraldas se han tramitado 36 acciones de protección. Entre otras, se ventilaron pedidos de uniformados acusados por mala conducta profesional, ausencia ilegal, baja por sentencia en firme, cuota de eliminación por no aprobar curso Antinarcóticos, etc.

Entre los uniformados demandantes se encuentran policías de tropa y oficiales. Y las causas se arrastran incluso desde 1998 hasta el año pasado.

La Policía determina un aumento en el número de agentes reintegrados

Según el oficio 2010-079-CAR-PN del 29 de octubre del año pasado, 196 uniformados fueron dados de baja por el Tribunal de Disciplina.

El Tribunal de Disciplina cesó en sus funciones a 70 policías en el 2008, en el 2009 se presentaron 85 casos y el año pasado hubo 41.

Por trámite de conducta profesional salieron 103 agentes. En el 2008 hubo 35 casos, en el 2009 se presentaron 44 y 24 en el 2010.

Por recurso de amparo constitucional y acción de protección, 181 policías regresaron a la institución en los últimos tres años.

El documento indica que existe un incremento de agentes que se reincorporaron por amparo constitucional, desde el 2006.

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