A las 08:00, Rosa Romo despierta a su hija, Rocío García. La peina, coloca una crema en el rostro y le da de desayunar. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Antes de ser atropellada, Rocío García trabajaba en una escuela del norte de Quito como profesora de inglés. Hablaba cinco idiomas y cuidaba de sus hijos de 2 y 3 años. Ahora vive postrada en una cama.
A sus 29 años, depende de su madre Rosa Romo para todo. Es como una bebé. La deben alimentar, cambiar de pañal, vestir, subir a su silla de ruedas… no puede hablar ni moverse.
Su familia tramita su jubilación temprana, para, con ese dinero, costear los tratamientos y terapias que debe seguir el resto de su vida.
Los USD 18 100 que el conductor debe cancelar como indemnización le serían muy útiles. Pero Romo no cree que algún día reciba algo.
El pasado 5 de abril, una jueza de Tránsito de Pichincha sentenció al conductor que la atropelló a 12 años de cárcel y fijó ese monto como reparación.
Sin embargo, el procesado es un joven de 21 años que dijo no tener bienes materiales para cubrir el pago. Ni siquiera el camión que conducía el día del accidente era suyo; estaba a nombre de su hermano. Pero en la madrugada del 1 de enero pasado, a él lo encontraron adentro y en estado de embriaguez.
Se trató de un caso de atropellamiento masivo que se registró en una calle de Chillogallo, en el sur de Quito. Hubo tres personas muertas y siete heridos, entre ellos Rocío García.
Otro obstáculo que le desilusiona a Romo para cobrar la indemnización de su hija es el trámite legal que debe seguir. En el país se lo hace a través de un juicio civil, luego de concluir el proceso penal por tránsito. Es decir, las víctimas deben plantear un segundo juicio para que los autores cancelen las multas.
Un reporte del Consejo de la Judicatura detalla que solo el 2% (428) de 19 017 víctimas o familiares de personas fallecidas en las vías planteó una demanda civil para el pago de indemnizaciones por daños ocasionados en siniestros viales.
Mientras que en el 98% restante están historias como la de Ruth Pilataxi, de 32 años. Ella vive atada a una silla de ruedas. Tiene una tetraplejía, es decir una lesión vertebral que le impide mover brazos y piernas.
Hace dos años fue atropellada por un auto en el sector de Pifo, afuera de Quito. En su caso el autor fue también sentenciado. En la condena un juez ordenó el pago de USD 4 100 como indemnización para la víctima. Dos años después todavía no recibe el dinero.
“Yo no puedo trabajar, mi esposo se encarga de mí, desde peinarme hasta llevarme al baño. Mis hijos todavía están pequeños y no puedo criarlos”.
El Código Orgánico Integral Penal detalla una tabla de multas que deben cancelar los autores de accidentes, según los años de cárcel que reciben. Así lo indica el artículo 70.
En la norma se explica que la sola sentencia es suficiente para que el procesado cumpla con el tiempo de prisión y pago de los montos por perjuicios.
No obstante, la práctica generalizada es que los sospechosos intenten ocultar sus bienes como casas, cuentas bancarias y autos para evitar asumir los rubros. “A veces son estrategias de los propios abogados”, indica Fausto Sevilla, abogado especializado en tránsito. Incluso tras el segundo juicio, en el ámbito civil, no hay garantía de que el pago se concrete.
Pilataxi pasó un año buscando un fallo para hacer realidad la compensación que ordenó el juez de tránsito. Su primo, que es abogado, la ayudó todo este tiempo. Al final, lo único que lograron fue que un juez de lo Civil declarara insolvente al sospechoso. Este estatus legal le impide comprar bienes o venderlos, pedir préstamos o montar negocios. Pero ella sigue sin recibir nada. “Me conformo con saber que está en la cárcel y que no podrá volver a causar estas desgracias”.
El conductor recibió cinco años de condena. Ahora le faltan tres para salir libre.
Romo dice que quiere evitar “desgastarse” en los tribunales y perder su dinero. Tras el accidente ayuda a criar a sus nietos y también debe cuidar de una hija menor de edad y de Rocío.
Todo el día pasa con ella. Todos los días la lleva a sus tratamientos de acupuntura, fisioterapia y terapia ocupacional. Cada 10 días gastan USD 410 para sus medicinas y terapia. En una carpeta guarda facturas por USD 800, 105, 400… por servicios médicos como odontólogo, oftalmólogo, neurólogo.
La deuda más alta llega a USD 60 000 por el neurocirujano que operó a Rocío para drenar la sangre de su cerebro hinchado. La cirugía duró cinco horas y media y al final la joven logró salvarse, pero perdió el hueso temporal. La fiebre de 42 grados afectó zonas del cerebro que le dificultan la memoria y a estar consciente.
Con base en todos estos pagos, la familia solicitó USD
300 000 como indemnización.
Este monto lo calcularon con la misma fórmula que usan los jueces: un análisis sobre los gastos médicos derivados de un accidente más la suma que dejaría de percibir el afectado por su imposibilidad para trabajar. Además, se considera su edad, expectativa de vida y si quedó con una discapacidad.
Pero al final, Sevilla explica que prima el criterio de los jueces y el pronunciamiento se da tras analizar las circunstancias particulares de cada caso.
Para Sonia Flores, la pérdida de la memoria de su madre, Iris Segarra, fue valorada en USD 1 300. Luego de un año y medio del accidente en el interior de un bus interprovincial todavía no logra cancelar la deuda con la clínica particular que la atendió. “Ese momento tratamos de salvarle la vida y buscamos un médico que operara su cerebro”. El costo fue de USD
37 000. Sonia asegura que tuvo que vender un vehículo para abonar un pago y desde entonces trabaja solo medio tiempo para cuidar de su mamá.
Estos últimos meses, ella percibe que su madre ha dejado de hablar. Está deprimida y a veces se niega a comer. Aunque la mayoría del tiempo, Iris está lúcida, su mente es frágil y olvida la dirección de su casa, los nombres de sus hijos, la edad que tiene y el accidente.
Rocío, en cambio, se comporta como una niña. Quiere caramelos y que la acaricien. Su mirada expresa como si entendiera todo, pero no pronuncia una sola palabra.
FRASE
“Nadie que no pase por algo así entendería lo agotador que es buscar justicia y no recibirla”.
Rosa Romo
En contexto
Desde el 2010 hasta el año pasado, 11 198 personas murieron en accidentes viales. Las principales razones son el exceso de velocidad y conducir bajo el efecto de alcohol. En un juicio, manejar en embriaguez agrava la sanción y al responsable se le da la máxima pena.
