Felipe Ogaz, Richard González y Angélica Porras estuvieron en la audiencia de ayer. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
La acción de protección presentada por el activista Felipe Ogaz y el abogado Richard González no progresó, pues fue rechazada por la jueza Jesús Raquel Herrera. Ambos buscaban que la justiciaordene a la Asamblea indagar a la compañía INA Investment, supuestamente vinculada con la familia del presidente Lenín Moreno.
Además, intentaban que se investigue la conversación del audio filtrado entre la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, y la ministra del Interior, María Paula Romo.
Según los demandantes, las funcionarias evitaron que se diera paso a una indagación.
Ayer, la magistrada presentó sus argumentos sobre el fallo judicial y dijo que las pruebas presentadas no tenían validez.
Durante la diligencia, los demandantes proyectaron el video de la conversación entre Cabezas y Romo. La jueza dijo que ella no puede comprobar que ese material sea legítimo.
González sostuvo que el audio se convirtió en una prueba en el momento en que se hizo público. Refiriéndose a la grabación, la magistrada aseguró que “está dentro del orden democrático que las autoridades busquen respaldo ante una moción presentada”.
Además, sostuvo que es facultad de los legisladores votar o no a favor de una investigación.
Una vez finalizada la audiencia, Ogaz y González adelantaron que apelarán la decisión de la jueza apenas les llegue el fallo judicial por escrito.
A esta diligencia fueron convocados 152 funcionarios, como el Primer Mandatario, la ministra del Interior, María Paula Romo; el contralor Pablo Celi; el procurador Íñigo Salvador; los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio; y los 137 asambleístas. Además, los superintendentes de Bancos, de Compañías y de Control de Poder del Mercado.
Unos fueron personalmente y otros enviaron a sus abogados. Solo faltó el Superintendente de Bancos o su defensor.
Los demandantes argumentaron que en el país existe una política pública de impunidad y de no investigar actos de corrupción dentro de las instituciones del Estado.
Según Richard González, “no es la primera ni la segunda vez que no se investiga y es costumbre dejar en la impunidad los hechos de corrupción”.
Además, dijo que hubo actos de discriminación, porque “no se indaga a todos por igual, sino que depende de la afinidad política que existe”.
Por eso solicitó que la Asamblea entregue un informe con la cantidad de denuncias de corrupción que han tratado y cuántas se han archivado.
Durante su intervención en la diligencia, Angélica Porras, abogada de Ogaz, aseguró que existe una violación de derechos que están establecidos en la Constitución. Por ejemplo, citó que la Función de Transparencia y Control Social “no ha cumplido con sus deberes y atribuciones de investigar los actos ilegales”.
Después vino la intervención de los acusados. Cada uno tuvo 15 minutos. La defensora del presidente Moreno, Miriam Zarzosa, sostuvo que “no se ha determinado la acción u omisión que pudo incurrir el Jefe de Estado”.
Por eso pidió que la demanda sea rechaza y sea considerada “improcedente”.
Un poco antes habló Francys Abad, abogado de la Presidenta de la Asamblea y de 99 legisladores más. Él indicó que ya se ha cumplido con el pedido de los demandantes, porque el pasado 26 de marzo, la Asamblea aceptó analizar la supuesta vinculación del Jefe de Estado con la ‘offshore’.
De hecho, ayer, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea fijó un procedimiento para investigar las denuncias en contra del Jefe de Estado.
Se resolvió notificar a los autores de la publicación ‘El laberinto offshore del círculo presidencial’, para que comparezcan y brinden información al respecto.
Además, se solicitará la comparecencia de funcionarios públicos que tengan relación con el caso, excepto el Primer Mandatario.