El Estado tiene la obligación de garantizar la tutela de los derechos de los pueblos ocultos (taromenane) del Yasuní, vulnerados el 30 de marzo del 2013, y de los indígenas waorani procesados, para evitar impunidad.
El Amicus Curiae que el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica entregó a la Corte Constitucional el 7 de julio lo plantea. Es más, allí se propone que por tratarse de ecuatorianos con una cosmovisión distinta a la occidental, se debe aplicar un criterio intercultural del Derecho para sancionar a los waorani.
Pero la tesis ni siquiera merecerá debate. Ha sido sepultada, así como las ideas recogidas en talleres que hasta la semana pasada promovía la Corte Constitucional.
Como habían transcurrido los 45 días de Ley para que esa Corte definiera quién debe juzgar a los waorani (grupo indígena en contacto inicial), un juez consideró este 22 de julio que no había que esperar más y reanudó, por su cuenta, el juicio penal para juzgar a 17 waorani, por genocidio (16 a 25 años de cárcel).
¿La Corte ha sido burlada? No, la tomadura de pelo es para la sociedad. El máximo tribunal constitucional no es el único que, después de un sinfín de reuniones con expertos, ha guardado sigilo. Está también la Comisión del Ejecutivo, creada a mediados del 2013 entre golpes de pecho, que ya debía dar respuestas, explicar al país y al mundo sobre las omisiones del Estado para evitar la matanza, por ejemplo.
¿Y la Fiscalía? ¿Cuál? ¿La que tardó 8 meses en llegar al lugar de la tragedia taromenane (la inspección pericial se hizo el 29 y 30 de noviembre)? O ¿la que aún no acata el pedido que el 31 de marzo del 2014 hiciera la Corte Interamericana de DD.HH. para que “a la mayor brevedad posible” se concrete la reunificación de las dos niñas taromenane, que fueron tomadas por los waorani en la matanza de marzo?
Los organismos del Estado adeudan respuestas. O todo indica que la masacre de pueblos ocultos del Yasuní terminará en expiación.