Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) realizaron demostraciones de sus destrezas el pasado 30 de octubre del 2016, en el estadio Olímpico Tsáchila. Foto: Cortesía Prefectura de Santo Domingo
La vinculación de nuevos acusados al proceso judicial que se inició por la muerte de una adolescente en un festival de demostración de las operaciones de la Policía Nacional, en Santo Domingo de los Tsáchilas, dio lugar a una ampliación de 30 días de la instrucción fiscal.
Este martes 29 de noviembre del 2016 se conoció que otras ocho personas fueron vinculadas a este caso que la Fiscalía investiga por el presunto homicidio culposo de la joven Vivian L.
Ellos son tres funcionarios de la Prefectura de Santo Domingo, un servidor público de la Secretaría de Gestión de Riesgos y el titular de la Intendencia de Policía. Inicialmente estaban procesados tres agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Esto luego de que fueran detenidos para las investigaciones por la muerte de Vivian L., de 15 años de edad, quien falleció el pasado 30 de octubre del 2016 por un impacto de bala.
Ese día ella presenciaba las destrezas en el tiro de confianza que realizaban agentes del GIR en el estadio Olímpico Tsáchila, a propósito del noveno aniversario de provincialización de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Al parecer, una bala alcanzó la humanidad de la estudiante del colegio Pío XII que en ese momento quedó herida y en el trayecto a una casa de salud perdió la vida.
Según el sistema de consultas de la Función Judicial, la instrucción fiscal por este caso preveía cerrarse este 29 de noviembre del 2016 y luego se continuaría con la audiencia preparatoria para el juicio.
No obstante con las vinculaciones se permitirá que los nuevos acusados ejerzan su defensa en estos 30 días y además para que la Fiscalía obtenga nuevos elementos para las siguientes diligencias, agrega.
En el acta de la audiencia de vinculación se señala que los ocho acusados recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva. Deberán presentarse el lunes de cada semana ante las cortes de justicia de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí. Además se les prohibió la salida del país. El delito de homicidio culposo del que se los acusa establece de tres a cinco años de cárcel, según el artículo 145 del Código Integral Penal.
Dos abogados de los imputados se pronunciaron sobre las vinculaciones de los funcionarios de la Prefectura. Cristian Palacios, defensor de una de las acusadas, anticipó que insistirá en lo que consta dentro del proceso en el sentido de que la Prefectura ni su defendida no organizaron el evento. “Esta semana vamos a incorporar un elemento de descargo que es la invitación que hace la Policía Nacional al Gobierno Provincial de Santo Domingo para que acuda y esté presente en el festival acrobático. La tesis que vamos a mantener es que mi defendida no tiene nada que ver en el proceso, fue una invitada más”.
Ronald Moreno, abogado de otra imputada, refirió que en la invitación que se hizo para el evento no se habría dado detalles de los ejercicios que se realizarían en el festival. “Pero ahora vemos que sí tenían un documento de carácter reservado, que en la parte denominada misión, habla de una demostración de tiro de rapidez, confianza y platos metálicos. Este documento consta en el proceso y ya es público”.
El prefecto de Santo Domingo, Govanny Benítez, pidió que sea un proceso justo y equilibrado para los funcionarios de esa entidad que ahora están acusados. Él insistió que desconocían que el día del festival se utilizarían balas reales. “Recién nos enteramos por el anuncio del presentador”.