28 radares destruidos en el contexto de las protestas de octubre del 2019
En el sector de Santa Bertha, en el cantón Antonio Ante-Imbabura, funcionaba un radar para el control de la velocidad. Foto: Washington Benalcázar / EL COMERCIO
El radar de velocidad desapareció. Del equipo solo quedó la base de cemento, que el personal de limpieza ubicó a un lado de la Panamericana Quito-Latacunga. Esta es otra secuela de las movilizaciones violentas desatadas en octubre por las medidas económicas.
Dos meses después de esos hechos se conoce que los grupos violentos destruyeron 28 de los 467 fotorradares que operan a escala nacional.
La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) tiene en su poder un informe que señala que los aparatos afectados operaban en seis provincias, cuatro de las cuales están en la Sierra y dos en la Costa.
Este Diario cruzó información con representantes de la empresa que realiza el mantenimiento a los equipos y su gerente Gustavo Soria advirtió que de los 28 radares atacados, 26 no aparecen. Eso lo constataron en un recorrido que realizaron luego de que la paralización nacional se levantara.
Según el funcionario, cuando llegaron a los puntos exactos solamente encontraron una parte de los tubos que sostenían los aparatos. En unos casos estaban cortados con sierras y en otros habían sido doblados y botados en el piso.
El personal que se movilizó por Naranjal-Guayas y Otavalo-Imbabura sí halló dos radares, pero las tarjetas principales, las baterías, los módulos led y los paneles ya no estaban.
Luego de recopilar todos los detalles hasta mediados de octubre, las autoridades entregaron un informe para que la aseguradora realice los trámites de reposición. Soria dijo que esto se concretaría en 60 o 90 días tras la recepción de los datos.
Las autoridades advierten que desde la instalación de los primeros equipos, hace cuatro años, los accidentes viales se redujeron en un 60%.
De enero a octubre del 2019 hubo 1 976 siniestros en el país. En igual período del año pasado sumaron 2 054 casos.
Según informes de la CTE, en los puntos en donde los radares no están disponibles después las manifestaciones no se han reportado percances.
En la vía entre El Chasqui y Salcedo fueron destruidos ocho fotorradares de 19 instalados. Desaparecieron los paneles solares, cables y otros dispositivos que permitían el normal funcionamiento.
En el ingreso a Saquisilí (por la cárcel de Cotopaxi), la gente sacó de raíz los tubos que sostenían la pantalla y fueron ubicados en la mitad de la vía. Otros no aparecen hasta ahora.
El director de Control Operativo de la CTE, César Llaguno, espera que todos los equipos entren en funcionamiento antes de que finalice este año.
En los sitios en donde no hay los aparatos, los buses interprovinciales y vehículos particulares imprimen velocidades de hasta 120 km por hora, cuando el límite es de 90 y 100.
Por ejemplo, un bus que el 3 de diciembre salió de Baños a Quito corrió a 110 km/hora.
El Código Penal sanciona con cárcel de tres a cinco años a quienes irrespeten los límites establecidos.
Ayer, este Diario también recorrió el tramo que conecta Atuntaqui (Imbabura) y El Cajas (Pichincha). En esa zona, el césped cubrió los sitios en donde estaban instaladas las bases de seis fotorradares.
Según la Empresa de Movilidad del Norte (Movidelnor), los equipos estaban en los sectores de Santa Bertha (Atuntaqui), La Magdalena (al sur de Otavalo), Mirador del Lago San Pablo (Otavalo) y cerca al redondel de El Cajas. El caso se indaga en la Fiscalía. Los culpables pueden recibir penas que sobrepasan los 10 años.
Personal de Movidelnor mantuvo reuniones con representantes de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y de la Policía, para analizar el caso.
La Agencia señaló que a la entidad le compete controlar los límites de velocidad de los buses intra e interprovinciales con base en un kit de seguridad instalado en las unidades.
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