Los adultos que utilicen a menores de 18 años en actos delictivos serán castigados con 20 a 25 años de reclusión. Esa sanción se contempla en el proyecto de reformas penales, difundido ayer en Quito.
El documento fue presentado por los ministros de Inclusión Económica y Social (MIES), Ximena Ponce, y de Justicia, José Serrano, como respuesta a las voces de que plantean el endurecimiento de penas a los menores de 18 años, tras los presuntos casos de adolescentes utilizados en sicariato y delitos comunes.
El proyecto propone sancionar con cárcel de 6 a 9 años a los adultos que instiguen a jóvenes para cometer cualquier tipo de delito. La entrega de armas de fuego a niños, niñas y adolescentes se penará de 12 a 15 años.
La propuesta, que será remitida a la Asamblea para su debate y aprobación, acoge un planteamiento hecho por el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, en el sentido de que, por ejemplo en casos de sicariato, se debe sancionar con fuerza a los adultos que reclutan a menores.
Para Ponce, modificar la edad de inimputabilidad a 16 años sería modificar disposiciones legales, “incluso acuerdos internacionales de tratados y convenciones de la Niñez, de las cuales el Ecuador es signatario”.
La propuesta mantiene la edad de inimputabilidad en los 18 años. No obstante, plantea un incremento del período de las medidas socio-educativas que los jóvenes infractores deben cumplir. Estas pasarán de cuatro a seis años, en delitos graves.
Las medidas socio-educativas se cumplen en los centros de adolescentes infractores (CAI) o espacios de orientación juvenil.
Según Serrano, hay un plan de mejoramiento de los CAI. El proyecto contempla USD 5 millones, de los cuales USD 1,5 millones serán para infraestructura de los centros en el Litoral.